El Plan Bolonia se nos viene encima. Se nos viene encima literalmente, como política de convergencia educativa europea implantada desde arriba hacia abajo. Y lo hace entre polémicas, recelos e incertidumbres. Ya su impronta europea resulta tan atractiva como preocupante: atractiva por el reto de apertura que supone facilitar la movilidad universitaria y profesional; preocupante por consolidar la tendencia de doblegar la enseñanza a la lógica mercantil, abriendo canales a la financiación privada de la Universidad pública, reduciendo la presencia de las humanidades en los planes de estudios, orientando éstos a las necesidades del mercado. No se trata de entonar elegías al pasado ante la inminencia del cambio. Se trata de alertar del riesgo de que éste comprometa algo tan esencial como la independencia de las universidades, de que éstas se asienten en una pendiente resbaladiza que las transforme en factorías de mentes dóciles ante el imperio del mercado, relegando su función, crucial en democracia, de educar en sentido crítico.
Atractivo y preocupante es también el reto de importar modelos foráneos. Los nuevos créditos europeos o ECTS no miden las horas de clase impartidas por asignatura, sino las horas de estudio necesarias para aprobarla. Son créditos ideados para sistemas que conciben los estudios universitarios como un proceso de comunicación, no unívoca, sino bidireccional, al que ambas partes contribuyen con creatividad, constancia y dedicación casi exclusiva. Este modelo funciona en países anglosajones sobre la base de cuatrimestres cortos pero intensos, un alumnado dedicado, tradición participativa y suficiente financiación. Importarlo requerirá de instituciones, profesorado y estudiantes un esfuerzo concertado de adaptación que no conviene dar por descontado.
Profesora de Derecho Constitucional y miembro del Consejo Editorial de El Correo
