La consejera de Hacienda, María Jesús Montero. / EFE
Tres de cada cuatro andaluces cumplen con sus obligaciones fiscales pero la Junta irá a por ese uno que defrauda. Va a reforzar los mecanismos para perseguir a ese 25% que trata de evadir el pago de impuestos. Es una de las claves del nuevo plan que guiará los trabajos de la Agencia Tributaria de Andalucía hasta 2017. La lucha contra el fraude fiscal será uno de sus objetivos prioritarios en un momento en el que la Junta ya ha descartado subir impuestos, pese a la presión de IU, lo que convierte este mecanismo en la única rendija abierta para elevar la recaudación.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, informó de que las medidas para perseguir estos incumplimientos en un plan especial puesto en marcha desde verano de 2012 ha permitido que afloren 277 millones de euros de economía sumergida. La mayoría de las irregularidades se han detectado en la tributación de las herencias y la compra-venta de inmuebles, para lo que, en ocasiones, se interponen empresas o sociedades pantalla para tratar de evadir obligaciones. La Agencia andaluza solo tiene competencias sobre aquellos impuestos propios o cedidos al cien por cien. Es decir no puede perseguir el fraude en el IVAo el IRPF. La bolsa de impuestos autonómicos la integran los Impuestos de Sucesiones y Donaciones, patrimonio, Actos Jurídicos Documentados, los impuestos que gravan los depósitos bancarios, los tributos ecológicos y las tasas.
La previsión del Gobierno andaluz es que en 2014 las acciones contra el fraude fiscal permitan ingresar 300 millones de euros, que se sumarían a otros 250 de 2012. A partir de ahí, Montero defendió que se trata de que la recaudación por esta vía sea cada vez menor, lo que significaría que cada vez hay menos incumplidores, aunque hasta 2017 no se espera este descenso.
El balance ofrecido por la Consejería de Hacienda apunta a que desde que se creó la Agencia Tributaria andaluza en 2010 se ha registrado medio millón de actuaciones liquidatorias (594.000) y un total de 100.000 entidades o personas han sido llamadas a cumplir tras detectarse irregularidades. La Agencia tiene más de 41.000 procedimientos sancionadores abiertos en vías de gestión y esas actividades de control han permitido reclamar 1.500 millones de euros, aunque no todo está recuperado porque hay muchos procedimientos en vías de apremio. La Agencia ha registrado una recaudación neta de 7.319 millones de euros, el 75% a través de autoliquidaciones y el 25% por actas o sanciones. Los ingresos han decaído suavemente, según la consejera, por el pinchazo inmobiliario y una menor venta de inmuebles.
El plan aprobado ayer por el Consejo de Gobierno prevé aumentar el personal de la Agencia Tributaria andaluza, que cuenta con una plantilla de 702 personas que llegará al final de 2017 a 860 efectivos. No obstante, la Junta defendió que se ha reducido el coste de este ente gracias a los recortes en las nóminas. En el Presupuesto de 2013 se destinaron 65 millones de euros.
Ya existe un convenio pionero en España entre la Agencia tributaria andaluza y la estatal, que según explicó Montero, ha funcionado de forma exitosa y ha permitido que afloren muchas irregularidades. Ahora esa colaboración se extenderá a ayuntamientos y diputaciones y se firmará un convenio con el Consejo General del Notariado.
Sobre los grupos de empresas o ciudadanos en los que se centrarán las actuaciones contra el fraude, la consejera de Hacienda explicó que son decisiones que de forma confidencial adoptan los inspectores según detecten donde caigan la recaudación o tengan indicios de que se podría estar evadiendo impuestos.
