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El plan de empleo municipal llega en forma de rebajas fiscales para la contratación

El PP rebajará la presión fiscal (IAE, IBI, ICIO y Plusvalía) a las empresas que amplíen su plantilla. Esa misma idea fue planteada por el PSOE a principios del presente año.

el 04 oct 2013 / 23:10 h.

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Cuando a primeros de año se desató una huida escalonada de empresas de la capital (Roca, Danone o Cargill, entre ellas), el PSOE sacó a relucir su enésima tentativa de diseñar conjuntamente un plan de empleo con el Gobierno local. El intento de pacto acabó en nada, pero sirvió para poner sobre la mesa ideas. Una de ellas, propuesta por el portavoz socialista, Juan Espadas, era la de establecer rebajas fiscales en 2014 para aquellas empresas que fomentaran la contratación. Tal idea sí gustó en el seno del PP, que la incorporó ayer a su proyecto de ordenanzas fiscales para 2014: beneficios fiscales que sirvan para fomentar el empleo. Zoido anunció la incorporación de esas bonificaciones, que se aplicarán a la mayoría de tributos (IBI, ICIO, Plusvalía e IAE) y que, a su juicio, será el arma que utilizará el Ayuntamiento para combatir el desempleo “dentro de sus limitaciones”, recordando así, como en anteriores comparecencias, que las competencias en esta materia son de la Junta de Andalucía. Estas rebajas, que supondrá, según los cálculos que maneja la Delegación de Hacienda, una pérdida de 4,78 millones de ingresos en las arcas municipales, se ejecutarán en las empresas que cumplan una serie de requisitos: contratar a personas que lleven más de seis meses en el paro, sin relación previa con la empresa, no hayan rechazado ninguna oferta anterior y con una jornada mínima de 30 horas. También se premiará a las entidades que hagan indefinido a su personal, aunque el Ayuntamiento controlará que tengan una permanencia mínima de dos años. Además, las exigencias variarán en función del volumen de negocio: un trabajador más si tienen un volumen de hasta medio millón de euros, dos empleados más si se alcanza el millón y un mínimo de tres trabajadores si el volumen de negocio es superior a ese millón. Además, se les prohibirá concurrir a esas ventajas a las empresas que hayan disminuido su plantilla en los dos últimos años, en una estrategia para evitar así la huida de empresas que se vivió, precisamente, a principios de este año. OLYMPUS DIGITAL CAMERA¿Y estas bonificaciones le salen a cuenta a los empresarios? En un principio, sí, ya que la reducción sería del 95% de la cuota en el IBI, ICIO, Plusvalía e IAE, que es el máximo legal que se permite por ley. Además, para incentivar los nuevos negocios también se establece eximir a las empresas que cumplan estos requisitos del pago de la tasa de apertura (rebaja del 100%). El portavoz del PSOE, Juan Espadas, tras conocer el proyecto de ordenanzas fiscales, no dudó en afirmar que son “la constatación de los errores y el desastre de la gestión política económica y fiscal del Consistorio, que no tiene modelo para sacar a Sevilla de la crisis”. Aclaró que el regidor “ha tomado las propuestas que el PSOE hizo hace dos años, como la de bajar el IBI”. “Durante dos años ha negado que pudiera bajarlo, era imposible, y ahora, por arte de magia, sí es posible”, sentenció el dirigente socialista, que también extendió este calco en las rebajas fiscales propuesta. Y es que el plan de empleo planteado por el PSOE el pasado 15 de febrero estaba sustentado en tres patas. La última de ellas, cuantificada precisamente en cuatro millones de euros, consistía en “una medida de aliento a la economía con la inclusión de bonificaciones en los principales tributos”. Cuando presentó el citado plan, marcó un porcentaje del 95% de bajada en el IBI, IAE e ICIO y tasas municipales como la de ocupación de la vía pública, que en la suma global no superaran los 7.600 euros que podrían disfrutar las empresas que incrementaran su plantilla con contratos a parados de larga duración. Esas medidas, de hecho, habían calado en empresarios y sindicatos cuando el PSOE presentó su plan de empleo. También era proclive a las bonificaciones a los empresarios el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), que planteó esa disminución del gravamen a sectores empresariales, sobre todo a los de la construcción, que están sufriendo con la crisis.

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