Un comedor gestionado por la Diputación de Sevilla para los niños de El Vacie.
El Consejo de Gobierno prevé aprobar mañana el decreto ley de lucha contra la exclusión social con el que pretende garantizar tres comidas al día para todos los niños y ancianos andaluces en riesgo de exclusión social. La llamada red de solidaridad alimentaria se articulará a través de los servicios sociales en los ayuntamientos, las ONGs y, sobre todo, los 1.800 comedores escolares de Andalucía, que servirán desayuno, merienda y almuerzo de lunes a viernes. Sin embargo, no será la Consejería de Educación quien pilote este proyecto, sino el área de Salud y Bienestar Social, que ya cuenta desde hace años con planes de solidaridad y programas de ayudas a familias muy vulnerables.
La medida, que contará con una dotación de 16 millones, no será una ampliación de las bonificaciones que reciben las familias con rentas bajas para disfrutar de gratuidad en el comedor escolar. El nivel de ingresos que exige Educación para que este servicio sea 100% gratuito es muy bajo en torno a 12.000 euros al año, y beneficia a casi 100.000 alumnos. Pero los parámetros que baraja Bienestar Social para calcular los posibles beneficiarios de esta medida son mucho más bajos. Estamos hablando de situaciones muy límites, que a veces se acercan al concepto de desnutrición, explican fuentes del Gobierno andaluz. La consejera de Presidencia, Susana Díaz, avanzó que la red de solidaridad alimentaria alcanzará al 6% de los niños andaluces (seis de cada cien menores en la comunidad se encuentra al borde de la pobreza). En Andalucía, según los últimos datos actualizados del INE (2012), hay 1,6 millones de menores, de modo que 98.636 se situarían en ese margen del 6% de exclusión al que se refería Díaz. Desde Bienestar Social advierten de que el número de niños con síntomas de desnutrición por mala alimentación podría reducirse a la mitad, porque se trata de situaciones muy extremas. En cuanto a la asistencia alimentaria a los ancianos, Andalucía tiene 573 centros de días con 73.200 usuarios. En torno al 2% de las personas mayores que ingresan tiene problemas de nutrición. Este porcentaje asciende al 50% si el anciano ya trae consigo alguna enfermedad, según datos de Salud.
Alerta de Unicef // El Observatorio de la Infancia en Andalucía presentó su último informe, Pobreza y desigualdad, hace un par de meses. Uno de los datos más crudos de ese documento es que el 7,2% de niños andaluces menores de 16 años vive en hogares con privación material grave, el índice más bajo de pobreza, según Eurostat. La privación material grave describe una familia sin recursos para hacer frente a cuatro de las nueve necesidades básicas: pagar el alquiler, el agua y la luz, calentar la vivienda; pagar gastos imprevistos, como medicinas; no poder permitirse comer carne, pescado o proteínas equivalentes con regularidad (en días alternos); no tener lavadora, ni coche, ni televisión ni teléfono ni dinero para siete días de vacaciones.
A este tipo de familias en situación de especial vulnerabilidad va dirigido el llamado salario social, una prestación económica que la Junta ofrece por periodos de seis meses, y que oscila entre los 400,09 y los 645,3 euros, dependiendo de los miembros de la unidad familiar. En 2011, 34.000 familias percibían la renta social. La red de solidaridad alimentaria se enmarcaría en este espectro poblacional, más que en el de los niños con comedor escolar gratis.
La medida es tildada de demagógica y extrema por parte del PP-A, que acusa a la Junta de dar una imagen tercermundista de Andalucía, próxima a Etiopía. Pero recientemente Unicef presentó el informe La Infancia en España 2012-2013 y uno de los capítulos El impacto de la crisis en los niños llamaba la atención sobre el deterioro de la alimentación de los menores en las familias españolas azotadas por el paro y los desahucios. Los niños sufren la crisis cuando sus progenitores se quedan sin trabajo e ingresos, cuando sus familias son desahuciadas, y a consecuencia de los pocos ingresos, se empobrece la calidad de su alimentación, reza el informe. En el hogar, la falta de ingresos o su reducción se puede constatar en un empeoramiento de la calidad de la alimentación (relacionada con el consumo de menos productos frescos) y las condiciones del hogar (hacinamiento, frío en la vivienda), concluye. H
60 millones para reanimar la Ley de la Dependencia en los municipios El decreto contra la exclusión cuenta con un presupuesto de 100 millones, de los cuales, 60 van dirigidos a un plan de empleo y acción social que se articulará a través de los servicios sociales municipales. Este pilar del decreto está centrado en reanimar la maltrecha Ley de la Dependencia, que absorberá 20 millones para pagar las nóminas de entre 2.000 y 2.500 cuidadoras que se han quedado sin trabajo, después de que el Gobierno redujese los recursos destinados a Andalucía para gestionar la ley.
La Junta también ofertará una convocatoria de empleo dirigida a los municipios donde más estragos ha hecho el paro. Los otros 40 millones del decreto servirá para sufragar contratos de entre 15 días y tres meses, cada uno de mil euros, incluyendo las cuotas a la seguridad social.
