Hace justo un año, la Junta diseñó el Plan de Impulso al Acceso a la Vivienda pensado para rescatar de forma urgente el sector del ladrillo, duramente azotado por la crisis. El programa se articulaba a través de tres medidas que no están dando resultado: unas no funcionan correctamente y la tercera, que evitaría los desahucios, ni siquiera ha arrancado.
La más ambiciosa y que despertó mayores expectativas fue el portal creado para vender el stock de vivienda de renta libre en manos de promotores y bancos. La entonces Consejería de Vivienda hizo una convocatoria para que aflorara ese stock y elaboró una página web donde los ciudadanos pueden consultar los más de 20.000 pisos incluidos ahí. Pese a que las casas se rebajaron un 20% y que la Junta pactó con 27 entidades hipotecas muy ventajosas, en seis meses -la medida dura hasta final de año- sólo se han registrado 135 expedientes de venta, 35 ya finalizados.
El Gobierno andaluz se encomendó a este plan para conseguir que los bancos, una vez que pudieran deshacerse de su lastre inmobiliario, abran el grifo del crédito. Destinó 1.000 millones de euros en préstamos reintegrables de entre 9.000 y 15.000 euros para que los compradores de estos pisos paguen los primeros años una hipoteca más baja. Pero el programa no ha cuajado. La Junta, que se reunió el martes con las entidades y los empresarios, alega que la herramienta informática habilitada para canalizar las compras falló, pero asegura que ya está arreglada y confía en que en los próximos seis meses dé resultados. Para relanzarla, se reforzará su carácter informativo, pero por ahora no se barajan otras opciones. El Ejecutivo central, por ejemplo, tiene su propia hoja de ruta: sacará a alquiler el excedente de pisos de las cajas.
Los agentes socioeconómicos apuntan a otras razones de su escaso éxito. El secretario general de la patronal de la construcción Fadeco , Emilio Corbacho, denuncia que el dinero sigue sin fluir y desde UGT , Roberto Marín sostiene que las viviendas, pese a la rebaja, siguen estado "sobrevaloradas" -el precio tope es de 245.000 euros- y que "no están donde la gente las necesita". Muchas de ellas se ubican en la costa y hay muy pocas en las capitales. Coinciden en que la demanda de pisos no ha bajado. Eso explica que la web (www.tuviviendaenandalucia.es ) haya tenido más de 275.000 visitas desde febrero.
La segunda pata del plan de auxilio al sector del ladrillo es el rescate de promociones viables de VPO a las que el banco les deniega el crédito. La Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA ) aumentó su endeudamiento en 400 millones para poder actuar en unos 10.000 pisos protegidos. La Junta, a través de EPSA, los adquiriría y luego los alquilaría con opción a compra por 324 euros al mes a los mismos beneficiarios a los que les negaron la hipoteca. La medida se puso en marcha en un momento de fuerte restricción de préstamos -ahora hay un repunte- para evitar que la falta de financiación bloqueara los objetivos de VPO. La consejería identificó las primeras nueve promociones (447 viviendas protegidas) pero, según fuentes de este departamento, al final no fue necesario intervenir ahí. La consejería que dirige Rosa Aguilar dijo no tener constancia de que alguna vez se ha ejecutado esta solución.
Sin dinero. El último programa aún no se ha puesto en marcha. La Junta dijo que compraría las casas de las familias a punto de ser desahuciadas para convertirlas a VPO y alquilarlas -con ayudas- con opción a compra. El retraso de esta iniciativa -que según Economía podría beneficiar a mil familias- se debe a su difícil encaje jurídico y ahora está más en el aire que nunca por los recortes presupuestarios. Fuentes de los empresarios aseguraron que Aguilar les reconoció que no hay dinero para ello. El margen económico es muy limitado. El Gobierno andaluz ha aparcado cualquier inversión o desembolso extra hasta que se rediseñe el Presupuesto de 2010 para cumplir con la contención del déficit.
En este escenario, sindicatos y empresarios todavía no se han reunido con el nuevo equipo de Aguilar -Vivienda se fusionó a Obras Públicas tras la última crisis de Gobierno- para hacer seguimiento del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012. Sobre la mesa habrá datos económicos que confirman leves síntomas de mejoría: en el cuarto trimestre de 2009 las viviendas aumentaron un 11,6%, el primer crecimiento desde 2006. En marzo subió la compraventa y se hipotecaron un 1,4% más de pisos.
Los registros de VPO, retrasados
El 20 de marzo entró en vigor la Ley del Derecho a la Vivienda y desde entonces tenían que funcionar ya los registros de demandantes de VPO, pieza clave de la norma que medirá la demanda real de pisos protegidos que hay en un municipio.
Hasta ahora han presentado las ordenanzas para la creación de estas bases de datos 706 de los ayuntamientos, pero desde que se presentan hasta que arrancan pueden pasar unos tres meses. El paso intermedio es que la Junta les dé el visto bueno. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha valorado favorablemente las bases de 561 consistorios y ha echado para atrás los criterios de selección de otros 145 por ser discriminatorios.
Las delegaciones provinciales de la consejería tienen orden de priorizar la puesta en marcha de los registros de demandantes, que van estrenándose con cuentagotas. Los primeros fueron los de Dos Hermanas (ya contaba con uno) y Córdoba. Los últimos en incorporarse han sido Mijas y Estepona. Cada ayuntamiento puede elegir la forma de adjudicar las VPO. Por ahora, el 58% prefiere este sistema de baremación, mientras que el 21% sigue con los sorteos y un 15% opta por primar la antigüedad.
