El último pago a proveedores del que podrá disponer la Junta de Andalucía le permitirá abonar a partir de esta semana 460.792 facturas atrasadas con los 1.645 millones de endeudamiento que el Consejo de Gobierno aprobó la semana pasada, lo que, sumado a las dos fases anteriores del plan, permitirá saldar un total de 1,2 millones de facturas pendientes, la inmensa mayoría con pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos andaluces.
Tras este tercer y último préstamo del Gobierno central a las autonomías, las facturas deberán pagarse en menos de 30 días o los proveedores podrán pedir al Ministerio que se las abone con cargo a los fondos de financiación autonómica. Son los anticipos de impuestos que el Gobierno adelanta a las autonomías, y que ahora retendría en virtud de la Ley de Morosidad que entró en vigor el año pasado. Andalucía ha pedido dinero en las tres fases, sumando 4.975 millones de financiación, aunque se queja de las condiciones del préstamo.
La intención del plan de pago a proveedores era liberar a los empresarios que se ahogan por las dedudas de la administración, nada ágil en sus pagos, y la filosofía se corresponde con el perfil de quienes están cobrando sus atrasos: más del 97% han sido hasta ahora pymes y autónomos. Antes del plan, las administraciones tardaban de media 100 días en pagar, lo que asfixiaba a sus suministradoras más pequeñas, que carecían de recursos para aguantar tanto tiempo sin cobrar.
También parece cumplido el objetivo de hacer tabla rasa, según las cifras que facilitó la Delegación del Gobierno en Andalucía a finales del año pasado: el importe de las facturas impagadas se ha reducido un 85%, y el 65% de los ayuntamientos las administraciones más endeudadas, se ha puesto al día en sus pagos, con lo que cada vez han sido menos los consistorios que se han acogido a los sucesivos planes de pago.
Sin embargo, la Junta no ha concretado el número de facturas acumuladas antes del primer plan de proveedores, que se cobró en junio de 2012, ni sobre las que quedan tras haber abonado todos estos atrasos, lo que impide estimar el alcance de la medida. Tampoco hay datos sobre el plazo en el que la Junta está pagando ahora. Lo que sí confirma la Consejería de Hacienda es que se ha reducido la antigüedad de las deudas y que ya no queda ninguna rezagada, como antes del primer plan.
Esta tercera fase del pago a proveedores se dividió en dos tramos: en el primero, la Junta se financió con 631 millones y pudo pagar más de 70.000 facturas de servicios básicos. Ahora serán 1.645 millones para abonar 460.792 cuentas pendientes, derivadas de contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministros, servicios y colaboración entre el sector público y el privado, contratos en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, arrendamiento de bienes inmuebles, subvenciones en contratación pública, indemnizaciones, encomiendas de gestión y concesiones administrativas.
De esas 460.792 facturas, la inmensa mayoría más de nueve de cada diez procede del sector sanitario, en concreto 443.000, casi todas ellas (431.000) correspondientes al Servicio Andaluz de Salud y 12.800 a las empresas públicas del sector hospitalario, según informó la Junta. Todas son anteriores a mayo de 2013 y ya han sido justificadas ante el Gobierno y tramitado su cobro.
Sí se nota una diferencia en lo que cobra cada beneficiario, ya que la distribución está mucho más atomizada: en la primera fase se pagaron 2.693 millones a 2.395 beneficiarios, con una media de 1,1 millones a cada uno. En esta última (sumando los dos tramos) se pagarán 545.000 facturas a muchos más proveedores, 27.500, con lo que la media será de 82.000 euros a cada uno.
Andalucía ha recibido del plan de proveedores 4.975 millones. Según la Delegación del Gobierno, en la primera fase fueron 2.693 millones, con los que se pagaron 744.000 facturas; en la segunda fase 2,82 millones para pagar 344 y en la tercera (sus dos tramos) han sido 2.280 millones y unas 545.000 facturas (hay una diferencia de 15.000 entre los datos del Gobierno y los de la Junta).
Estas cifras colocan a Andalucía como la tercera comunidad en cuanto a la cantidad absoluta de los fondos, pese a ser la primera en población y presupuesto; y en términos relativos recibe un 9,87% del presupuesto autonómico de gasto por operaciones no fiancieras, por debajo del 13% de media.
