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El plan de urgencia contra el paro cumple un año sin datos de colocación

La Junta renueva el plan de empleo con 200 millones sin hacer balance del anterior ni explicar si ha funcionado. El programa preveía la creación de 11.100 puestos de trabajo en reforestación y obras en colegios y viviendas

el 08 ago 2013 / 23:59 h.

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Un grupo de parados a las puertas de una oficina del servicio de empleo en Sevilla. Un grupo de parados a las puertas de una oficina del servicio de empleo en Sevilla. Al comienzo del verano pasado, la comisión delegada para Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía se reunió para acelerar la puesta en marcha del plan de choque contra el paro, la primera iniciativa que anunció el presidente José Antonio Griñán en esta legislatura, durante su discurso de investidura. La estrategia prevista para crear empleo iba en tres direcciones: las dos primeras centradas en reanimar al catatónico sector de la construcción mediante obras de reforma en los colegios y proyectos de rehabilitación de viviendas. La tercera pata perseguía generar puestos de trabajo extraordinarios en tareas de reforestación, explotación de montes y regeneración ambiental. El objetivo de aquella reunión, en junio de 2012, fue que el nuevo plan de choque contra el paro, dotado con 200 millones de euros, comenzara a aplicarse antes del verano, y que en los siguientes 12 meses se engancharan en torno a 11.100 parados de larga duración. Acaba de cumplirse un año justo desde que aquel plan se puso en marcha, sin que el Gobierno andaluz haya hecho balance de los objetivos cumplidos. Todavía no existen datos de contratación, sin embargo la Junta ha renovado el plan un año más, con otros 200 millones de euros. El programa está coordinado por la Consejería de Economía, Innovación y Empleo, aunque el presupuesto se distribuye entre otros tres departamentos (Educación, Vivienda y Agricultura, Pesca y Medioambiente). Ninguna de las tres carteras ha ofrecido datos parciales sobre el desarrollo de este plan de empleo, lo cual no ha impedido que la Junta lo prorrogue 12 meses, con idéntico presupuesto que en la primera convocatoria. Desde el departamento que dirige Antonio Ávila aseguran que al estar diseminado el plan entre tres consejerías, la recopilación de los datos de creación de empleo es compleja. El Gobierno andaluz prometió un balance del nivel de ejecución del programa justo cuando se cumpliera un año del mismo, pero ese plazo expiró el mes pasado sin más noticia. Fuentes de la oficina del portavoz advierten de que no es imprescindible ofrecer una evaluación de cómo ha funcionado el plan durante su primer año antes de aprobar una partida millonaria para renovarlo. “Se entiende que está funcionando, de lo contrario no lo renovarían”, explican. Hace un año la tasa de paro en Andalucía era del 35,4%, ahora ronda el 35,8% según la última Encuesta de Población Activa (1.440.400 parados). La oposición del PP ha aprovechado esta circunstancia para arremeter duramente contra la Junta, a la que acusa de sumar ya tres planes extraordinarios para el empleo desde que se inició la legislatura (primavera de 2012) sin haber concretado ni un solo resultado. Los Presupuestos autonómicos de 2013, advierten los populares, ya incluían un plan de empleo dotado con 177 millones de euros, con el mismo objetivo de creación de puestos de trabajo, más 500.000 jornales en el medio rural. En las cuentas andaluzas también aparece el llamado Plan Especial de Acción Social, una iniciativa de IU dotada con 60 millones, que contemplaba una renta de subsistencia a los parados sin prestación y a las mujeres maltratadas. La Junta articularía las ayudas a través de los ayuntamientos, que a su vez vincularían este dinero a trabajos o cursos de formación. El PP denuncia que estos dos últimos planes de empleo se han difuminado en el aire, o no se han puesto en marcha o se han rebautizado con otros nombres, como este último plan de choque que anunció Griñán en su investidura y que ahora cumple un año en vigor. En el momento de su aprobación, la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, advirtió: “Disponemos de cuatro años, pero no vamos a perder ni un minuto”. Es posible argumentar que al menos dos patas del famoso plan contra el desempleo ya existían, aunque la importancia de que formase parte de esta estrategia era la urgencia en su aplicación y que los resultados debían ser patentes pasado un año desde su puesta en marcha. La primera pata del plan era una ampliación de 100 millones del llamado Plan Ola, que la Junta desarrolla desde septiembre del pasado año para la reforma de infraestructuras escolares. Está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo. En segundo lugar, estaba el programa de rehabilitación forestal, dotado con 90 millones, para la creación del conocido como empleo verde, consistente en proyectos de mejora de caminos y de infraestructuras forestales y agrarias; trabajos de prevención y regeneración; inversiones en montes y mantenimiento, restauración y puesta en valor del patrimonio rural. En tercer lugar, el programa de rehabilitación de viviendas, con una ampliación de diez millones para el programa destinado a este fin en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, que está íntegramente financiado por la Junta. De estos tres vértices, el área de educación y de vivienda arrancaron de forma inmediata el pasado verano, mientras que el bloque de rehabilitación forestal se pospuso hasta septiembre de 2012. La FAMP exige al Gobierno andaluz que pague a los alcaldes el dinero del plan de exclusión La presidenta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Ángeles Muñoz, exigió ayer por carta al Gobierno andaluz y al vicepresidente, Diego Valderas, responsable de Administración Local, el “pago urgente” a los ayuntamientos de la partida que los consistorios ya están adelantando de las arcas municipales para los contratos del decreto de exclusión social. 33En un comunicado difundido por el PP-A, Muñoz alertó de que podría producirse “otra vuelta de tuerca a la asfixia económica de las corporaciones locales” y recordó que la Junta presupuestó para este programa 60 millones de euros procedentes del recorte de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica)”. “Pero, a día de hoy, aún no han llegado a los ayuntamientos, a pesar de que la mayoría de ellos ya ha realizado los procesos de selección de los beneficiarios de estos contratos”, destacó Muñoz, quien advierte de que el decreto no contempla el apoyo material o humano a los ayuntamientos para atender a la “avalancha” de peticiones que se han recibido. Tampoco contempla esta norma cantidad alguna para equipar a los trabajadores y para dotarles del material necesario para hacer labores útiles, cuya cobertura se está haciendo con recursos de los consistorios.

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