El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este lunes en sesión ordinaria, ha aprobado con el voto solitario del Grupo popular y el rechazo de la oposición, las conclusiones elaboradas por el PP merced a la comisión especial informativa creada en torno al extinto Plan de Ordenación Viaria del Casco Antiguo y Protección de la Zona Monumental. Las conclusiones de PSOE e IU-CA, de otro lado, han sido rechazadas con el voto contrario del Grupo popular, que goza de mayoría absoluta.
Merced al programa electoral del PP, el verano de 2011 el delegado de Movilidad y Seguridad, Demetrio Cabello, firmó una resolución de Alcaldía que dejaba "sin efecto" un documento previo de fecha 13 de octubre de 2010, relativo a la aprobación del Plan de Ordenación Viaria del Casco Antiguo y Protección de la Zona Monumental. Este plan, hasta su derogación, restringió el tráfico privado en el casco histórico de la ciudad con sanciones de hasta 70 euros por circular más de 45 minutos en su interior sin la preceptiva autorización.
En el asunto media un informe rubricado por el ingeniero jefe de sección del Centro de Control de Tráfico (CCT) del Ayuntamiento hispalense, Enrique Gutiérrez, señalando que el plan en cuestión dejó de estar "operativo" el 29 de marzo de 2011 y que el 31 de mayo fue consumada "la desconexión total de la aplicación informática instalada", cuya "recepción real" fechaba además unos días antes de dicha desconexión, el 24 de mayo, cuando la "fecha teórica prevista" era "el 27 de julio de 2010".
Este informe revelaba también que las multas se limitaban a los usuarios que, sin la preceptiva autorización, permanecían en el casco histórico entre 75 y 200 minutos, quedando así "sin sanción el intervalo inferior a 75 y superior a 200 minutos", todo ello "sin transmitir la debida información al ciudadano".
El informe señalaba también "errores" de tipo técnico o informático, como son la "fiabilidad" de las cámaras en la detección, la lectura y reconocimiento de las matrículas, llegándose a registrar en una de las cámaras "una fiabilidad máxima de 65,16 por ciento". El jefe de sección de Obras y Servicios y director facultativo del proyecto, Félix Lerma, y la jefa de servicio de Proyectos y Obras del Ayuntamiento, Reyes González Castro, entre otros funcionarios, negaron de su lado las tesis de Gutiérrez y, en el marco de esta comisión especial informativa, defendieron el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia.
Los funcionarios, eso sí, reconocían que el volumen de infracciones, que podía sobrepasar las 2.500, era diez veces superior a lo que la Agencia Tributaria podía gestionar, extremo que había llevado de hecho a reducir el cupo de sanciones según lo expuesto.
Después de que el trabajo de esta comisión de investigación quedase paralizado durante algo más de un año, extremo no exento de recriminaciones entre las fuerzas políticas, el pasado mes de febrero finalizó su labor con las conclusiones que cada una de los grupos políticos extraen de los acontecimientos.
Las conclusiones del Grupo popular, en primer lugar, defienden que con el Plan de Ordenación Viaria del Casco Antiguo "se engañó conscientemente a los sevillanos, haciéndoles creer que existía un sistema" en términos de vigilancia y sanción que no estaba siendo aplicado según los aspectos anunciados. "El sistema no funcionó nunca", señalaba el PP en sus conclusiones, que daban cuenta de "problemas no resueltos" en la lista de conductores acreditados, la tramitación de las sanciones o el personal necesario para hacer funcionar eficazmente este sistema.
El PP defiende, así, que ha quedado probado que el informe elaborado por Enrique Gutiérrez existía antes de que el Gobierno municipal comenzase a atribuir "fraudes" e irregularidades a este plan, quedando así "en mera conjetura" que dicho informe fuese redactado expresamente como justificación para derogar las medidas de restricción. Avisaba finalmente el PP del "incumplimiento sistemático de las profecías" de la oposición sobre un "caos" en la movilidad del casco histórico tras la derogación de las restricciones. El Grupo socialista, de su lado, defendía en sus conclusiones que "a pesar de las reiteradas manifestaciones" de Enrique Gutiérrez, "asumidas por el Gobierno municipal", el equipamiento técnico "ha continuado en funcionamiento desde diciembre de 2010, hasta el día de la fecha". "El sistema funciona y nunca ha dejado de hacerlo", señalaba el PSOE, que considera que el director del área de Movilidad ordenó a Gutiérrez la elaboración de un informe que "generase una opinión pública favorable a la derogación del plan con base a filtraciones de informes de parte (...) plagados de falsedades", considerando que Gutiérrez fue la persona elegida para esta misión a cuenta de su "enemistad" con la dirección anterior del área de Movilidad.
Por eso, el PSOE pedía reprobar al portavoz municipal del PP, Juan Bueno, y a las declaraciones del concejal del PP Francisco Pérez como presidente de la comisión, así como el cese del actual director general del área de Movilidad. IU-CA, de su lado, señalaba también que el informe de Enrique Gutiérrez estaba "plagado de falsedades" y que el Gobierno municipal intentó "distorsionar" la realidad para legitimar su decisión. IU-CA, a tal efecto, pedía la dimisión de Enrique Medina como director de Movilidad y del concejal popular Francisco Pérez, así como la reprobación de Zoido.
Pues bien, el pleno ordinario celebrado este lunes por el Ayuntamiento de Sevilla ha debatido las conclusiones defendidas por cada uno de los grupos políticos. Durante el debate plenario, el concejal popular Francisco Pérez, quien fuera presidente de la citada comisión, ha defendido las conclusiones del PP insistiendo en que todo el sistema "fue un fraude de cabo a rabo", mientras Juan Espadas ha reiterado los argumentos del PSOE lamentando que el PP "montase una auténtica trama para intentar demostrar que el plan había sido un fraude", extremo que, a su juicio, queda descartado a cuenta de los hechos vistos en la propia comisión especial.
Antonio Rodrigo Torrijos, de su lado, ha insistido también en los argumentos expuestos por IU-CA en sus conclusiones y ha criticado el "burdo montaje" del Gobierno municipal en torno al funcionamiento de este sistema. Finalmente, cada una de las conclusiones ha sido elevada a votación. Aunque PSOE e IU-CA han respaldado recíprocamente cada una de sus conclusiones, ambas han sido rechazadas con el voto contrario del Grupo popular, que goza de mayoría absoluta. Las conclusiones del PP, de otro lado, han contado con el rechazo en bloque de la oposición, pero han prosperado también gracias a su mayoría absoluta.
