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Zoido adelgaza de directivos a sus empresas y aplaza la rebaja salarial

El Consistorio aprueba la primera medida de la reforma local, que implica la reducción del 20% de cargos en entidades, aunque declina la propuesta del PSOE de aplicar recortes en sueldos, que se harán "cuando lo fije la ley presupuestaria".

el 28 mar 2014 / 14:32 h.

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PLENO DEL AYUNTAMIENTO Las tijeras de la reforma local empiezan a podar desde la cúspide el Ayuntamiento de Sevilla. La ley estatal impone el adelgazamiento por dos vías: menos consejeros en las empresas municipales y un tope retributivo. El Pleno ratificó ayer, con los votos del PP, la medida, aunque solo a medias: aprobó la reducción, que en el caso sevillano ronda el 20%, de los miembros de los consejos de administración. Pero no tocó, como propuso en una enmienda el PSOE, reducir los sueldos de sus directivos, extremo que posterga hasta que «se fijen los límites» salariales en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como concretó ayer la delegada de Hacienda yAdministraciones Públicas, Asunción Fley. Una vez aprobado, el plazo establecido para ejecutar tal recorte de directivos será de tres meses. Es decir, su aplicación real será en verano. Un cambio que afectará especialmente a Emasesa, que verá reducido a más de la mitad el número de miembros (de 33 a 15), o Mercasevilla, que contará con tres directivos menos (de 18 a 15). También se aplicará la rebaja en la Asociación de Promoción Exterior (Appes) y la Corporación de Empresas Municipales (CEMS), que verá reducida su representación a nueve consejeros. PLENO DEL AYUNTAMIENTOSin embargo, el debate se dirigió más a los sueldos de altos cargos y la posibiliad de rebajarlo. Partió del PSOE, que se acogió a los topes salariales fijados por la reforma local, que son de obligado cumplimiento para las entidades dependientes del Estado, para exigir que los sueldos de los gerentes fueran no solo inferiores al del alcalde –algo que llevan demandando desde principios del mandato– sino también por debajo de los topes que, trasladándolos a la esfera estricamente local, sería de 105.000 euros para empresas públicas del tipo de Emasesa o Lipasam, de 80.000 euros para casos como Consorcio de Turismo o Aussa; y de 55.000 euros en extremos como Appes o CEMS. «Si hay estos límites por ley, ¿por qué esperar unos meses para aplicar este ahorro?», preguntó el portavoz socialista, JuanEspadas, que lanzó una correlación de sueldos de directivos, entre ellos los del gerente de Fibes (150.000 euros/año), de Urbanismo (120.000) o de Emvisesa (135.000). Hacienda no comparte tal visión de la oposición y recordó que los topes expuestos no son aplicables, de momento, a la administación local. «No se establece una competencia fija a esas retribuciones y, por tanto, hay que esperar a la próxima Ley de Presupuestos General del Estado», replicó Fley, que recalcó que el PP, desde que llegó a la Alcaldía en 2011, ha hecho un esfuerzo por «adelgazar» la administración. Insistió varias veces que, desde que tomó las riendas de la Delegación de Hacienda, «es mucho lo que se ha ahorrado».Para ello, citó la reducción de 33% en el número de cargos directivos y una disminución media del 20% en los salarios de los altos cargos y de los directivos, entre los que citó el «abusivo» salario que percibía el anterior gerente de Fibes cuando gobernaba PSOE e IU. Al respecto, desde la bancada socialista se señaló que no se justifican tales salarios, «ni antes ni ahora». Mientras, el portavoz de IU, José Manuel García, hizo una oposición más generalista a la reforma local. Dibujó un futuro con «menos servicios públicos y más caros», que derivará en «reducciones de plantilla». Horas después, la reforma local regresó al epicentro del debate. Lo hizo con una pregunta del portavoz del PSOE, Juan Espadas, sobre cuándo se van a retomar los programas de empleo cofinanciados con la Junta. El delegado de Empleo, Gregorio Serrano, rescató sus críticas hacia la gestión de este asunto por la Administración autonómica e indicó que, para su puesta en marcha, necesitará de dos pasos previos: que se publique el informe de estabilidad presupuestaria que «certifique que se han hecho los deberes y no se despilfarra» y certificado de la Junta descartando duplicidades.

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