El pleno de Alcalá de Guadaíra recibe explicaciones de Limones por el caso de ACM

El alcalde mostró la carta remitida a la Cámara de Cuentas para que audite la liquidación de Alcalá Comunicación Municipal

el 04 jun 2014 / 23:50 h.

El alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), reiteró en el pleno extraordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento que «no ha cometido hecho delictivo alguno» y manifestó «la transparencia» del Ayuntamiento, además de denunciar su «absoluta indefensión, con un juicio paralelo al que me veo sometido por determinados medios de comunicación alentados por el proceso político que la oposición está llevando a cabo contra mi persona y mi cargo, con fines evidentemente reprobables», según informó el Consistorio en una nota. Dicho pleno, reclamado por el Grupo Popular, fue convocado a cuenta de la grabación sonora en la que el contable de la ya extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM), disuelta y liquidada en 2013 por el Consistorio, que aludiría a la supuesta financiación de diversos gastos privados, incluso del propio alcalde, con cargo a los fondos de esta empresa municipal. En este sentido, la sesión plenaria celebrada el miércoles contaba con un orden del día que pedía unas «explicaciones» al alcalde, así como el pronunciamiento de los portavoces de las fuerzas políticas, un debate político y la «votación» de unas conclusiones, en su caso. De esta forma, el primer edil alcalareño inició su intervención relatando los hechos de los que a día de hoy tiene conocimiento, y que se reducen a que «el pasado día 28 de abril me comunicó la Fiscalía que unas diligencias informativas instruidas, de cuyo contenido jamás he sido informado y en las que nunca he sido oído, se remitían al Tribunal Supremo dada mi condición de aforado». Según Gutiérrez Limones, con fecha 29 de mayo, «la Fiscalía me comunica que las actuaciones remitidas al Tribunal Supremo habían sido devueltas, sin que en dicha comunicación se me ofreciera explicación alguna de por qué dichas diligencias resultaban devueltas». A continuación expresó su «inquebrantable confianza y lealtad a jueces y tribunales» y aseguró que «tan pronto se me requiera para explicar lo que fuere daré cabal y cumplida explicación de cuanto se me solicite y sepa». Tras las explicaciones por parte del regidor, tuvo lugar el turno de intervenciones de los diferentes portavoces de los grupos políticos, a excepción de la concejal no adscrita, Laura Ballesteros (escindida del grupo socialista), a la que el alcalde y presidente del pleno no dio la palabra, alegando que la convocatoria de esta sesión extraordinaria, en su punto número dos, decía textualmente que «tras las oportunas explicaciones, puedan ser oídos los Portavoces de los Grupos Políticos y puede establecerse el oportuno debate», lo que provocó que los concejales de la oposición (PP y PA) abandonaran el pleno.  El primer portavoz en tomar la palabra fue Alberto Miranda, de IU, quien planteó, a través de más de una decena de preguntas, las dudas que para su formación política plantea el caso. Por su parte, la portavoz del PA, Lola Aquino, en su planteamiento exigió «la dimisión del alcalde y de algunos miembros del Equipo de Gobierno local». Los populares, a través de su portavoz, María del Carmen Rodríguez Hornillo, denunciaron «el uso que durante estos años se ha dado a esta sociedad pública para fines exclusivos del Gobierno municipal». Por último, el portavoz del PSOE, Rafael Chacón, aseveró que «esto no es más que la historia de una infamia, de intereses poco claros en los que se mezclan incapacidades personales que se han puesto de manifiesto a la hora de conducir estos hechos, con una absoluta falta de respeto a las instituciones y a las personas».

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