La Diputación desempolva por segunda vez en apenas un mes la cartera, llena gracias a las cuentas en positivo de los últimos años y a que, a duras penas, convenció a Hacienda para que este dinero se destinara en inversiones y no en saldar deuda con los bancos. Así pasó hace un mes, con el Plan Supera, por el que se pudo destinar 39,9 millones del superávit de 2012 a proyectos «generadores de empleo» que serían gestionados directamente por los ayuntamientos. Esta fórmula se reeditó ayer, cuando el Pleno validó, con los votos de PSOE, PP y PA, destinar otros 25 millones, esta vez del superávit de 2013, para un plan destinado al arreglo de carreteras (10,6 millones), gestión y protección del patrimonio (5,1 millones) o parques y jardines (4 millones). Ese montante, a diferencia del Plan Supera, será gestionado por la institución provincial, algo que inclinó el voto negativo de IU. Su portavoz, Manuel Rodríguez, planteó que 11 millones los aplicaran los Consistorios. «Los ayuntamientos son mayores de edad», recalcó. También lo cuestionó el PA que, a través de su diputado, Alberto Mercado, agradeció que «se ponga el dinero en la calle» pero lamentó a su vez que la institución provincial «se haya reservado» esta vez el reparto. Sin embargo, el debate giró, más que en lo invertido, en lo no gastado. El portavoz del PSOE, Manuel Domínguez, ponía en valor los 65 millones que la Diputación pone a disposición de los municipios sevillanos, cantidad «histórica» que da «para reparar lo que tenemos». En cambio, la oposición se centró en el dinero sobrante. IU cuestionó que se tardara tanto en tirar del remanente positivo. «Cuando quiso invertir, ya no podía gastar el superávit», remarcó, no sin antes citar los «150 millones que tiene guardados». José Leocadio Ortega, diputado del PP, hurgó en esa teoría. Acusó a los gestores provinciales de ofrecer cifras que no se corresponden con la realidad: «Hablan de superávit de 109 millones y el informe de Intervención indica que es 142 millones», aclara para, a continuación, preguntar qué se hará con los otros 76 millones restantes y si no se podían poner a disposición de los pueblos. A esa pregunta le contestó al presidente de la Diputación, FernandoRodríguez Villalobos. Y fue tajante. «No se puede gestionar más dinero porque Beteta [alto cargo del Ministerio de Hacienda] no nos deja», rebatió Villalobos, que hizo alusión a un techo de gasto que la ley de estabilidad presupuestaria le impide sobrepasar. Además, visiblemente molesto, le recriminó al PP que «no haga esas preguntas en las comisiones informativas» ante un desembolso que puntualizó que «es un esfuerzo de toda la corporación». El Pleno deparó también la solicitud al Gobierno central para que no lleve a efecto la eliminación de los partidos judiciales. PSOE, IU y PA votaron a favor de esta moción ante «la desaparición de los juzgados de paz» y «el modelo de concentración de los tribunales» que plasma el anteproyecto, según recordó el diputado socialista José María Villalobos. El portavoz del PP, Eloy Carmona, justificó el rechazo de su grupo en que «no se van a cerrar los juzgados existentes» en la provincia y, en el caso de los juzgados de paz, sólo desaparecerá la figura del juez, pero no el cuerpo administrativo, que seguirán prestando «labores de apoyo» al tribunal de instancia provincial.
