La oposición arremete contra el superávit de la Diputación

PP e IU censuran que el Gobierno no ajuste bien los presupuestos. Villalobos promete un plan de reactivación local con este dinero si lo permite el Estado

el 26 sep 2013 / 12:57 h.

La Diputación de Sevilla presentó ayer la cuenta general del organismo provincial del ejercicio 2012 que se ha cerrado con superávit y con una disposición de 40 millones de euros para poder invertir en la provincia, siempre que el Gobierno central concrete a qué se podrá destinar este dinero. A pesar de que las cuentas certifican que la institución provincia es una administración saneada, éstas sólo contaron con el visto bueno del PSOE, el PA se abstuvo y PP e IU votaron en contra. La diputada de IU Engracia Rivera lamentó que estos buenos datos no se traduzcan en un incremento de las inversiones, y que “este dinero no se destine a crear empleo”, por lo que preguntó al Gobierno provincial sobre su estrategia para salir de la crisis, “puesto que nos preocupa que haya ahorros que no se reinviertan”, recalcó. Por su parte, el diputado del PP José Leocadio Ortega reprochó al Gobierno de la Diputación que esta Corporación año tras año tenga remanente de tesorería, lo que, en su opinión, no significa que sus responsables sean buenos gestores, “indica que la aplicación temporal del dinero se hace mal, porque el dinero que está presupuestado no es remanente, es que no se ha gastado”. Ortega puso como ejemplo que de las cuentas de 2012 han sobrado 17 millones presupuestados para personal, algo que, según señaló, está mal hecho, “porque se podría haber presupuestado correctamente. La depuración de ingresos y gastos no se hace bien”. Ante esta situación, reclamó que los presupuestos y la cuenta general sean más fieles a la realidad y exigió, al igual que IU, que se haga un mayor esfuerzo inversor. Sin embargo, el diputado de Hacienda, Manuel González Lora, insistió en que la forma en la que la Diputación gestiona sus presupuestos ha permitido que no tenga dificultades para pagar a los proveedores, ni con las subvenciones que se entregan a los ayuntamientos. Además, remarcó que la institución provincial no tiene problemas estructurales, “por lo que no ha necesitado aprobar un plan de ajuste”. “Esta administración es de las más equilibradas y saneadas de España”, reiteró. En referencia a este superávit de la Diputación, IU presentó una propuesta para solicitar que este dinero se utilice para poner en marcha un plan de reactivación económica de la provincia. Una iniciativa que no prosperó. Sólo IUy PA la apoyaron, el PP se abstuvo y el PSOE la rechazó. El portavoz del Gobierno, Manuel Domínguez, para justificar su decisión remarcó que la Diputación ya tiene preparado un plan de reactivación del empleo, pero explicó que para ejecutarlo tiene  que contar con el visto bueno del Gobierno central, que debe concretar qué son inversiones sostenibles. “Nos tienen que aclarar en qué podemos gastar los 40 millones que tenemos de remanente de tesorería, porque no podemos saltarnos la ley”, dijo, al tiempo que recordó que desde 2007 se han puesto 60 millones a disposición de los ayuntamientos. En esta misma línea se pronunció el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, quien aseguró que ya hay un plan elaborado, “pero se tiene que flexibilizar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y nos tienen que decir cómo podemos gastar el dinero y cuánto”. Mancomunidad // La propuesta que sí salió adelante, pero con la abstención del PP, fue la presentada por el PA en apoyo de los trabajadores y proveedores afectados por la disolución de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, que arrastra un pasivo de 56 millones de euros, a los que tienen que hacer frente los 11 municipios mancomunados. Para salir en su ayuda se acordó instar a la Junta de Andalucía y la Gobierno central que arbitren un mecanismo que facilite a los consistorios el pago de esta deuda de una manera asumible, para no ponerlos en peligro; y el compromiso de la Diputación para articular medidas económicas y financieras que permitan a estos ayuntamientos hacer frente a los compromisos pendientes de pago con los trabajadores y proveedores de la mancomunidad. Aunque el punto salió adelante, tanto IU como el PP aprovecharon la oportunidad para reprochar al PSOE que siga apoyando a Antonio Maestre, el exalcalde de Los Palacios y expresidente de esta mancomunidad, “en su etapa más desastrosa”, censuró el diputado de IU Manuel Bejines. La oposición también indicó que habrá que esperar a que dictamine el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad económica y técnica y que se aclare dónde están los 53 millones perdidos. El PSOE se defendió diciendo que los acuerdos de la mancomunidad eran colegiados.

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