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El Pleno del CGPJ ratifica la suspensión cautelar del juez Serrano

La resolución adoptada por el juez Serrano es calificada como "un atajo decisionista derivado más de un prejuicio que de un juicio".

el 21 jul 2011 / 16:32 h.

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El juez de Familia número 7, Francisco Serrano.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su  reunión ordinaria de este jueves, ha ratificado la suspensión  cautelar en sus funciones del juez de Sevilla Francisco Serrano,  procesado por un presunto delito de prevaricación tras modificar el  turno de custodia de un niño de 11 años de edad establecido por el  Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4, ampliando en día y  medio su estancia con el padre divorciado al objeto de garantizar su  salida como paje en una cofradía de la 'Madrugá' sevillana.  

Fuentes del CGPJ han informado a Europa Press de que el Pleno del  consejo ha ratificado la decisión adoptada el pasado martes por la  Comisión Permanente, que tomó esta decisión tras el informe favorable  a la suspensión emitido por la Fiscalía y después de que el Tribunal  Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictara el pasado día 11 de  julio auto de apertura de juicio oral contra el magistrado por un  presunto delito de prevaricación. En este auto, el magistrado  instructor de la causa requirió al acusado para que preste una fianza  de 7.200 euros "para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias  y costas a que en su día pudiera condenársele".  

Dicha decisión se adopta en aplicación de lo dispuesto en el  artículo 383.1º y 384.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ),  que regula la suspensión de los jueces y magistrados cuando se haya  declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos  en el ejercicio de sus funciones. La Comisión Permanente aprobó la  suspensión cautelar "sin que esto suponga entrar en el fondo del  asunto".  

LA SUSPENSIÓN, HASTA QUE HAYA CONCLUYA EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Esta medida cautelar perdurará mientras dure el procedimiento  judicial y hasta que recaiga sentencia absolutoria o auto de  sobreseimiento, como así lo ordena el artículo 384.3 de la citada Ley  Orgánica y el Reglamento de Carrera Judicial (artículo 190).  

La Fiscalía solicita para el magistrado diez años de  inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de  prevaricación dolosa . De otro lado, la acusación particular que  ejerce la madre pide para el juez 20 años de inhabilitación y el pago  de una multa de 14.400 euros por un delito de prevaricación dolosa,  mientras que, en concepto de responsabilidad civil, solicita que  indemnice a la madre con 60.000 euros por los daños morales y físicos  sufridos; al menor con 100.000 euros por los mismos daños, "en  particular el gravísimo estigma público", y al otro hijo menor de la  querellante con 12.000 euros.

En el auto de apertura de juicio oral, consultado por Europa  Press, el instructor del procedimiento analiza en primer lugar el  auto dictado el 8 de junio por la Sección Segunda de la Audiencia  Provincial en el que desestima el recurso de apelación presentado por  la Fiscalía y la impugnación formulada por la representación procesal  de la madre del menor contra la resolución judicial adoptada por el  imputado, ya que entiende que "desde la perspectiva de la legalidad  sustantiva y procesal ordinaria" el auto es conforme a derecho.  

Así, considera que "la relevancia de dicha decisión de la  Audiencia Provincial --que se produjo después de que el TSJA  procesara al acusado-- es innegable al estar investigándose un delito  de prevaricación, pero no puede ser la de vinculación procesal que  pretende la defensa", admitiendo como cierto que "una eventual  discrepancia de criterio puede provocar una aparente contradicción,  pero el ordenamiento jurídico y el sistema judicial admite estas  eventuales contradicciones".  

RAZONES "DE URGENCIA O NECESIDAD"

Al hilo de ello, dice que, por su parte, ha leído los  razonamientos vertidos en el auto de la Audiencia "por si ofrecieran  razones que le hicieran alterar su percepción o juicio sobre la  justicia o injusticia del auto" por el que se procesaba al  magistrado, pero "no ha sido así", agregando que, por parte de la  Audiencia, se entiende que "un juez de Familia es competente para  alterar puntualmente el régimen de visitas establecido en  procedimiento de divorcio tramitado por otro órgano judicial del  mismo partido, y que puede hacerlo por concurrir razones de urgencia  o necesidad".  

Así, el instructor asevera que "ello sólo sería posible si,  primero, fuera cierta la premisa de que existía una situación de  peligro o perjuicio inminente para el menor, y segundo, si hubiera  alguna razón que impidiese que el mismo Juzgado que estableció la  medida que quiere puntualmente alterarse pudiera conocer a tiempo del  asunto", pero "no concurrían ninguna de ambas condiciones". Tras  ello, asegura que el 30 de marzo de 2010 "no existía absolutamente  ningún inconveniente para que la solicitud de la medida fuese  presentada en, o derivada hacia, aquel Juzgado de Violencia sobre la  Mujer".  

No obstante, considera que "en todo caso es obvio que el Juzgado  número 7 --del juez Serrano-- no se hallaba objetivamente en mejor  condición para atender la solicitud de protección solicitada", al  tiempo que defiende que no concurrían las razones de urgencia y  necesidad características del artículo 158.4 del Código Civil, pues  "la frustración del legítimo y comprensible deseo de un menor de  salir en una procesión contra la eventual oposición de uno de sus  progenitores no es un perjuicio o un peligro".  

De igual modo, asevera que "tampoco entiende esta parte que pueda  justificarse una medida como la adoptada sin oír, como era posible, a  la madre del menor, porque era el medio a mi juicio imprescindible, y  en absoluto desproporcionado, de conocer si era cierto lo que el  menor dubitativamente refirió al querellado", y asegura que "forma  parte de las normas esenciales del procedimiento la de no dar por  ciertos hechos conocidos por referencias exteriores al mismo sin  comprobación, cuando esta es razonablemente posible".  

"ATAJO DECISIONISTA"


Tras ello, recuerda que "los indicios apuntan a que Serrano  decidió conscientemente dar por probado el hecho de la oposición de  la madre a cumplir el deseo del menor sin tener una mínima constancia  procesal de ello, lo que supone un prejuicio que va en contra de la  misma idea de proceso y comporta calificar la resolución adoptada  como un atajo decisionista derivado más de un prejuicio que de un  juicio".  

Con todo, dice que "es indiscutible que tres magistrados han  considerado conforme a derecho lo que este instructor considera  indiciariamente injusto, y ello fuerza a considerar si no debe  concluirse que sobre la cuestión existe una discrepancia excluyente  de la prevaricación, por devolver la cuestión al terreno de lo  opinable". "Este es el valor que a efectos de esta causa puede tener  el sobrevenido auto de la Audiencia", agrega.  

Al hilo, pone de manifiesto que "por más que este instructor  considere indefendible la resolución, lo cierto es que ha sido ya  defendida por un órgano judicial colegiado", añadiendo que "el  conjunto de referencias tomadas en consideración por la Audiencia  Provincial no es el mismo que el que tomó en consideración este  instructor", por lo que "el juicio de hecho y de derecho efectuado en  una y otra sede pueden no coincidir precisamente por partirse de  premisas diferentes". 

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