El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles el dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda sobre el proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), que incluye en forma de disposición adicional a la polémica Ley Sinde para luchar contra las descargas ilegales de contenidos en internet.
La norma ha salido adelante con 244 votos a favor y 12 en contra de ERC, PNV, ICV, Coalición Canaria, BGN, Partido Socialista de Mallorca (PSM) y el independiente Francisco Javier Tuñón. La Ley Sinde ha quedado aprobada al rechazar el Pleno el voto particular del diputado Pere Sampol (PSM), quien pedía devolver el texto tal cual estaba y sin modificaciones al Congreso, obviando la enmienda pactada por PSOE, PP y CiU.
Así se confirma el acuerdo alcanzado el pasado 24 de enero en forma de enmienda a dicha Ley entre PSOE, PP y CiU para sacar adelante la norma con mayores garantías judiciales. El nuevo texto consensuado irá ahora al Congreso, que tiene un plazo de alrededor de un mes para refrendarlo.
Después del varapalo sufrido por la LES a finales de diciembre en el Congreso, la Comisión de Economía y Hacienda del Senado recuperó una texto que, tras su nuevo paso por la Cámara Baja, podría comenzar a aplicarse en los primeros casos en torno al verano, una vez aprobado su reglamento.
En el debate en el Pleno, el diputado del PP José María Chiquillo ha recalcado que su formación "ha logrado que la Ley no llegue al BOE con la redacción original de noviembre de 2009", sino con mayores garantías judiciales de procedimiento, gracias a la enmienda pactada en la Cámara Alta, para que "no se vulneren derechos fundamentales".
Entre las diferencias que contiene la Ley "gracias al PP", Chiquillo ha destacado el compromiso del Gobierno de suprimir el canon digital en tres meses, la posibilidad de negociación entre el denunciado y el denunciante para que pueda retirar los contenidos, la composición concreta de la Comisión de control, o que siempre se tenga que hacer una denuncia a instancia del titular de los derechos.
PP: "NO ES UN CHEQUE EN BLANCO"
"No damos un cheque en blanco al Gobierno, es un mal menor, el texto es manifiestamente mejorable, y hemos consensuado unos mínimos innegociables como el canon digital y el papel garante del juez. Que no se criminalice a los internautas. Este es un marco de seguridad jurídica durante un período de tiempo transitorio hasta que se apruebe una nueva ley de propiedad intelectual", ha planteado.
Por su parte, el senador socialista Félix Lavilla ha recalcado que este nuevo texto pactado efectivamente contiene mayores garantías judiciales para los internautas, y ha hablado de "un paso más en la defensa de los derechos" de todos.
En contra de la aprobación de esta ley se han posicionado ERC e ICV, encuadrados en Entesa Catalana de Progrés (el PSC votó a favor), y algunos senadores del Grupo Mixto. El senador del BNG, José Pérez Bouza, ha pedido la vuelta al texto del Congreso y ha lamentado que se opte por "un parche que no contenta ni a creadores ni a internautas". En la misma línea ha hablado Pere Sampol, del Partido Socialista de Mallorca (PSM). Ambos han mantenido votos particulares contra la norma.
Por parte de la Entesa, el senador Guillot ha dicho que la enmienda pactada por PSOE, PP y CiU es "una chapuza política que no resuelve nada y ha vuelto a crispar el ambiente", al tiempo que ha subrayado que "las dos únicas propuestas posibles para solucionar esto son bajar costes y ampliar la oferta". "A lo gratis sólo puede ganarle lo sencillo, no la mordaza", ha subrayado.
Nada más conocerse el acuerdo entre PSOE, PP y CiU el pasado 24 de enero, los internautas ya comenzaron a manifestar su rechazo al reflote de la Ley Sinde, por entender que no es la solución al problema de las descargas ilegales e, incluso, por entender que podría ser inconstitucional, pues plantea, según alertaron, el cierre de webs susceptibles de publicar contenidos protegidos por derechos de autor.
