La coincidencia de las tres formaciones -PSOE, PP e IU- refleja que la sesión plenaria de ayer marca un punto de inflexión en la consideración de la prostitución en la ciudad. Después de cuatro años de debate, y con un considerable retraso por parte de la Delegación de la Mujer, el Ayuntamiento aprobó ayer la normativa que sanciona no sólo "solicitar o aceptar servicios sexuales retribuidos en la calle", sino "favorecer o promover" de cualquier modo la prostitución en la calle. Para los espacios privados, como los clubes de alterne o las casas de citas, la norma no puede entrar a controlar lo que se realice en su interior, pero sí cerca de este tipo de actividades, hasta el punto de que no podrán publicitarse en público y podrán ser sancionados en caso de que en su interior se realicen "conductas que puedan afectar negativamente la convivencia y el civismo".
La norma, que pese a haberse aprobado ayer no se podrá aplicar hasta el próximo mandato -la unanimidad revela que tendrá continuidad-, considera la prostitución como "una forma extrema de violencia de género" y a la prostituta como una víctima. Así, cualquier persona que participe en el proceso solicitando, aceptando o promoviendo esta práctica será sancionada con multas que oscilan entre los 750 y los 1.500 euros, y que se elevarán hasta los 3.000 en caso de que se produzcan a menos de 200 metros de zonas con población infantil, en las proximidades de espacios con gran afluencia de público o en lugares en los que "por su aislamiento o escasez de alumbrado" las prostitutas tengan una especial vulnerabilidad.
Hasta aquí la nueva normativa en lo que afecta a la prostitución en la vía pública. Pero uno de los elementos que más ha retrasado la norma ha sido el intento de la Delegación de la Mujer de arbitrar mecanismos para acotar la actividad de clubes de alterne o casas de citas dadas las limitaciones legales. El control se ha articulado a través de dos vías. Por un lado, por las molestias que puedan generar: "La ordenanza se aplicará en espacios, construcciones, instalaciones y bienes de titularidad privada cuando desde ellos se realicen conductas o actividades que afecten o puedan afectar negativamente la convivencia y el civismo, o por el descuido o falta de un adecuado mantenimiento por parte de sus propietarios". En segundo lugar, por la publicidad: será sancionable cualquier anuncio en un soporte en la vía pública que "promueva, favorezca o fomente" la prostitución.
Con la unanimidad en todos estos elementos, el PP centró su crítica en la necesidad de que se apliquen realmente estas medidas. Para ello, el Ayuntamiento, que no lo pondrá en marcha en este mandato, autoriza con esta norma inspecciones incluso en establecimientos privados pero, sobre todo, busca la colaboración ciudadana: "Todas las personas tienen el derecho y el deber de colaborar con las autoridades municipales (...) El Ayuntamiento dispondrá de medios para facilitar que cualquier persona pueda poner en conocimiento de las autoridades municipales los hechos que hayan conocido". El denunciante deberá dar sus datos, pero el Consistorio se compromete a "declarar confidenciales" sus datos personales y garantizar así el anonimato.
Una vez que se actúe en cualesquiera de los supuestos regulados, el Consistorio podrá desalojar y precintar locales, así como incautarse del dinero abonado o recaudado. Todos los fondos que se obtengan, según la ordenanza, pasarán a formar parte del presupuesto municipal para el control de esta práctica, tanto para los programas de intervención y atención a las víctimas como para una convocatoria anual de subvenciones para aquellas entidades sin ánimo de lucro de la ciudad.