El Ayuntamiento de Écija tenía convocado ayer un pleno con un único punto: acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) relativa a la gestión de la residencia de ancianos de Vitalia. Finalmente, la oposición, que suma mayoría absoluta, rechazó la urgencia del punto. Y se acabó el pleno.
El alto tribunal ordena ejecutar la sentencia antes de una semana y exige al Ayuntamiento de Écija que vuelva a la situación que existía hace más de 10 años, en julio de 1998, cuando la gestión de la residencia de ancianos fue adjudicada a Virgen del Valle. El gobierno local de entonces (PA y PP) rescindió ese contrato y lo adjudicó a Vitalia, que construyó y gestiona el asilo con una concesión de 75 años.
Como este plazo dado por el TSJA para acatar la sentencia acaba el día 22, habrá que convocar otro pleno. La urgencia requiere de mayoría absoluta. Sólo la votaron ayer los nueve ediles del PSOE (en el equipo de gobierno) y el de IU, es decir 10, pero se abstuvieron los seis del PA, los cuatro del PP y el del PSEI.
Esta sentencia puede derivar en un problema económico para el Ayuntamiento de Écija, ya que la sentencia obliga a dejar a Vitalia sin la gestión que se le concedió en 2000, sin las instalaciones que construyó en La Alcarrachela y sin los beneficios que pueda conseguir por su explotación en los 68 años que aún le quedan.
El alcalde de Écija, Juan Wic (PSOE), no quería ayer entrar en calcular el dinero que la aplicación de la sentencia del TSJA puede costar a las ya famélicas arcas municipales. "El pleno de es el órgano competente para acatar la sentencia, que ya es firme", subrayó el regidor, quien apuntó que la reclamación económica "será cuestión de que las dos empresas afectadas y el Ayuntamiento de Écija se pongan de acuerdo en el tema".
Sin embargo, eso lo decidirá Vitalia, que es la que debe valorar el coste de la construcción del edificio, que se cifró en su día en unos 4,2 millones de euros, más el gasto en personal y, sobre todo, el lucro cesante o los beneficios que dejará de ingresar por las décadas que todavía le quedan de la gestión del asilo.
Distintos expertos tienen calculada esa cantidad, a la que se podría sumar una indemnización por daños y perjuicios que también podría reclamar la empresa Virgen del Valle, la otra afectada, en unos 23,5 millones de euros, el 62% de los ingresos presupuestados para este año por el equipo de gobierno.
Pese a que nadie en el equipo de gobierno confirma el coste de este embrollo legal, sí señalaron en su día que el mismo es el resultado de "una mala gestión de consecuencias terribles para la ciudad", como afirmó el viceportavoz municipal del PSOE, José Joaquín González, quien señaló al PA y al PP como responsables.
