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El PNV exige a Garzón la liberación de la alcaldesa de Arrasate

El PNV se desmarcó ayer y exigió, al igual que Aralar, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua/Zutik, "la inmediata puesta en libertad" de la alcaldesa de Arrasate-Mondragón, Inocencia Galparsoro (ANV). Los ediles del PNV en la localidad guipuzcoana decidieron apoyar así a la primera edil.

el 15 sep 2009 / 04:04 h.

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El PNV se desmarcó ayer y exigió, al igual que Aralar, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua/Zutik, "la inmediata puesta en libertad" de la alcaldesa de Arrasate-Mondragón, Inocencia Galparsoro (ANV). Los ediles del PNV en la localidad guipuzcoana decidieron apoyar así a la primera edil y, de paso, dejar al PSE/EE y PP como los únicos partidos a favor de la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que decretó su ingreso en prisión incondicional acusada de un delito de colaboración con ETA.

La decisión fue rechazada inmediatamente por ANV, partido que gobierna en minoría Arrasate con siete ediles, unidos a los grupos municipales de EB-Zutik (3), EA (1) y Aralar (1). Ayer se posicionaron los cuatro del PNV.

Los ediles peneuvistas aseguran en su nota que consideran la medida de Garzón fruto de "un mero impulso político desde el propio Ministerio de Interior, en coordinación con dicho juez". A su juicio, el encarcelamiento de la alcaldesa de su pueblo supone "un eslabón más en la cadena de actuaciones y despropósitos de la aplicación de la Ley de Partidos".

Casualmente, el Ayuntamiento de Arrasate fue el 24 de abril el primer consistorio vasco en debatir en sesión plenaria la denominada moción ética que, junto a PSE, impulsa el PNV para exigir la dimisión de los cargos que no condenen la violencia.

Otra formación nada contenta con la decisión judicial es EB (IU en Euskadi). Su coordinador general, Javier Madrazo, se preguntó qué ha sucedido para que "los que eran legales hace un año estén ahora acusados de colaboración con banda armada", en alusión al delito por el que Garzón envió a Galparsoro a prisión. A pesar de esta reacción, Madrazo reiteró que "quien no denuncia el asesinato de un convecino" no tiene legitimidad para estar al frente de un consistorio.

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