Las declaraciones de ayer del presidente de la ejecutiva del PNV, Iñigo Urkullu, en las que afirmaba que un pacto del PSE y el PP para el Gobierno vasco se entendería como un "golpe institucional" demuestran que el principal partido nacionalista de Euskadi aún no ha digerido el resultado salido de las urnas el pasado domingo.
Salvo que se decida una reforma electoral, las reglas del juego democrático permiten que cualquier formación aspire a entenderse con otros grupos para la conformación de un Gobierno. La reclamación de que gobierne la lista más votada es legítima y no está exenta de razones para sustentarla, pero no invalida otras opciones igual de democráticas que la anterior. Al PNV le está pasando lo mismo que le ocurrió hace ahora cinco años a Convergencia y Unió en Cataluña.
Después de casi tres décadas en el poder, tiene un concepto casi patrimonial del Gobierno vasco, al que considera parte inherente de su quehacer cotidiano, y le cuesta asimilar que tiene muchísimas posibilidades de abandonar Ajuria Enea el día en el que se produzca el debate de investidura del nuevo lehendakari en la Cámara de Vitoria. Urkullu cae además en contradicciones evidentes. El presidente del PNV asegura que un acuerdo que llevara al PSE a la Lehendakaritza sería un ejemplo de frentismo y conllevaría la parálisis institucional de Euskadi por razones que sólo él debe conocer.
Su acusación de frentismo merece una reflexión más detenida. El mismo PNV que hace un año abanderaba un referéndum soberanista y que en su día firmó el Pacto de Estella para arrinconar a quienes defienden en el País Vasco el Estatuto de Gernika se atreve a amenazar a los partidos españolistas para que no se les ocurra llegar a algún pacto que les desaloje del poder. Hizo bien el socialista Patxi López en recordarle el martes al PNV que no es ni la religión ni el régimen de Euskadi. Ahora los nacionalistas tienen que digerirlo.