El Poder Judicial no tiene previsto investigar el proceso que ha llevado a la cárcel durante 13 años a Rafael Ricardi por una violación que supuestamente no cometió porque considera que los jueces no son los responsables. Argumenta que entonces las pruebas de ADN no estaban tan avanzadas.
El CGPJ no ve fallos en la instrucción ni en la sentencia que condenó a 36 años de cárcel a Ricardi por cometer una violación en 1995. Fuentes del Consejo aseguraron a este periódico que no se puede culpar a la justicia de que hace 13 años, cuando se le condenó, no existieran los mismos avances a la hora de practicar las pruebas de ADN.
Una vez que el Tribunal Supremo resuelva el recurso presentado por la Fiscalía General del Estado, a propuesta de la de Cádiz, si Ricardi queda en libertad pedirá una indemnización que concede el Ministerio de Justicia. Será el CGPJ el encargado de elaborar un informe y, según las mismas fuentes, todo apunta a que será favorable.
Pero la primera preocupación de Ricardi y de sus familiares es ahora que pueda abandonar la cárcel de Topas (Salamanca), en la que ha pasado su mayor estancia en prisión y a la que fue trasladado el pasado domingo desde El Puerto. Poco antes de que la Fiscalía anunciara su decisión el reo aún estaba en Puerto III, donde fue trasladado para declarar ante el juzgado cuando se reabrió la investigación.
El Ministerio Público ya ha pedido la libertad condicional y la aplicación del tercer grado y está a la espera de que la cárcel le deje en libertad en los próximos días. Una solicitud a la que se ha sumado también la defensa, ejercida por Antonia Alba, la letrada de Pro Derechos Humanos. "Estamos bastante contentos con que la Fiscalía se haya dado cuanta de que había un inocente en prisión y de que por fin haya adoptado las medidas oportunas", señaló Alba.
La fiscal, Ángeles Ayuso, asegura que ha dado este paso cuando se han encontrado "indicios objetivos" de que el portuense no participó en los hechos por los que fue condenado. Se refiere a la prueba hallada casi de casualidad en el Instituto Nacional de Toxicología que ha permitido identificar a los dos presuntos agresores de la violación.
Las pruebas . Unos análisis de ADN realizados hace ocho años antes, en 2000, descartaban también que los restos biológicos correspondieran a Ricardi. En ese caso la Audiencia, el Ministerio Fiscal y la propia defensa rechazaron adoptar ninguna medida.
"La Fiscalía no vio entonces motivos para solicitar la revisión del caso porque esa prueba no le exculpaba", señaló la fiscal, quien quiso recordar que en los hechos participaban dos personas y los restos hallados podían pertenecer sólo a una de ellas.
También pesó en su decisión que el portuense fue reconocido por la propia víctima. La fiscal insiste en que este último informe es diferente porque, gracias a los cambios en la legislación, se han podido cotejar los restos biológicos con los de otros presos.
"Nunca se ha actuado de espaldas a Rafael y de su defensa. Se le ha tutelado en los términos legales. En 1995, aunque hubiese un error de fondo, en el 2000 y actualmente", apostilló la fiscal.
