La Audiencia de Sevilla no pondrá en libertad al policía local encarcelado por su supuesta relación con una red de tráfico de drogas, tras ser detenido en una operación que mantiene en prisión a diez personas y en la que se incautaron 1.600 kilos de hachís y 3.000 dosis de anabolizantes. El agente, que fue encarcelado el 18 de septiembre a pesar de proclamar su inocencia en su declaración ante la juez, recurrió primero ante el Juzgado de Instrucción 8, que denegó su petición. Luego lo intentó ante la Audiencia, que el pasado 7 de octubre también se opuso a concederle la libertad provisional al entender que hay riesgo de que pueda destruir pruebas.
La juez acaba de levantar el secreto de las actuaciones de un caso que la unidad antidroga de la Policía Nacional, Udyco, llevaba investigando seis meses. En los 12 tomos -más de 3.000 folios- en los que se recogen las pesquisas se incluyen pinchazos telefónicos que revelan conversaciones del policía con prácticamente todos los miembros de la supuesta red de tráfico de drogas que fueron luego detenidos. En algunas de ellas habla de realizar favores -como la retirada de multas o la comprobación de algunos datos de vehículos- aprovechando su condición de policía.
Entre estas conversaciones hay algunas en las que el agente llega a comprobar la titularidad de algunas matrículas de coches, ante la sospecha de que perseguían a algunos de los miembros del entramado.
Sin embargo, según fuentes del caso, en ninguna conversación el policía alude a la droga o a algún dato relativo a los alijos, de ahí que no esté imputado de tráfico de drogas sino por colaborar con la red, en concreto por los delitos de asociación ilícita y cohecho.
La juez también le imputa un delito de tenencia ilícita de armas, ya que en el registro de su taquilla en la Jefatura de la Policía Local fue encontrada una pistola con silenciador y con la numeración borrada, lo que la convierte en un arma ilegal.
La defensa del agente tiene previsto volver a solicitar su libertad, pues entiende que no presenta riesgo de fuga, tiene arraigo laboral y familiar en Sevilla y los delitos que se le imputan no justifican su encarcelamiento. No obstante, la Sección Séptima de la Audiencia tiene que volver a emitir un nuevo auto, ya que en el que le denegaba la libertad se ha detectado un "pequeña" equivocación, que no varía el contenido y el fondo del mismo.
La operación se precipitó cuando la Udyco tuvo conocimiento de una entrega de droga, que llevó a interceptar un cargamento de 600 kilos de hachís en una furgoneta que provenía de Cádiz. En la operación, la Policía Nacional detuvo a once personas, de las que 10 fueron enviadas a prisión por la juez del caso, y se llevaron a cabo 13 registros, entre ellos a una empresa de pollos ubicada en La Rinconada, propiedad del cabecilla de la red, y un gimnasio en Montequinto.
En estos registros se localizó un zulo hidráulico en el que se guardaban una tonelada más de hachís, 3.000 dosis de anabolizantes, más de 25.000 euros, armas de fuego y joyas. Los agentes también intervinieron 12 vehículos, algunos de ellos utilizados como lanzaderas de seguridad para realizar los transportes de la droga.
Además, se localizaron numerosos chalecos reflectantes de la Policía Local, que los investigadores creen que el policía facilitó para que los miembros de la red se hicieran pasar por agentes cuando trasladaban la droga.
