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El portazo de Garzón resucita el debate sobre la utilidad de la Ley de Memoria

Tras el portazo del juez Garzón a la causa por las víctimas del franquismo, el debate ha subido de tono y la Ley de la Memoria Histórica está de nuevo sobre la mesa. IU pidió el jueves una fiscalía especial que evite a los familiares de víctimas una "carrera de obstáculos". Mientras tanto, ERC insistió en que se modifique la ley. Foto: EFE.

el 15 sep 2009 / 18:39 h.

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Tras el portazo del juez Garzón a la causa por las víctimas del franquismo, el debate ha subido de tono y la Ley de la Memoria Histórica está de nuevo sobre la mesa. IU pidió el jueves una fiscalía especial que evite a los familiares de víctimas una "carrera de obstáculos". Mientras tanto, ERC insistió en que se modifique la ley.

En esta coyuntura, el Pleno del Congreso debatirá el próximo martes una proposición de ley de ERC para modificar la Ley de Memoria Histórica, a fin de que se reconozca la labor de aquellas organizaciones armadas antifranquistas, como los maquis, y se anulen las sentencias dictadas por motivos políticos durante la dictadura.

El diputado republicano catalán Joan Tardá justificó la presentación de esta iniciativa en el hecho de que la Ley de Memoria Histórica aprobada el año pasado no ha cumplido las expectativas de las personas y organizaciones que reclamaban una norma de ese tipo. Los republicanos catalanes quieren que se reconozca expresamente la labor de las organizaciones armadas antifranquistas que se crearon en contra de la dictadura y a las personas que formaron parte de ellas, con el propósito de que se les otorgue una indemnización económica y los beneficios sociales que les correspondan.

Según esgrimió, esa ley no reconoce a todas las personas represaliadas, ni se les otorga la condición jurídica de víctima. En el mismo sentido se expresó el senador balear del Grupo Mixto Pere Sampol, quien registró en la Cámara Alta una proposición para modificar la Ley de Memoria Histórica con el fin de que el Estado se haga cargo de la localización de los restos de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y colabore en la práctica de las exhumaciones.

Mientras tanto, IU presentó una iniciativa en el Congreso en la que pide al Gobierno la creación de una fiscalía especial "de la Memoria Histórica" que evite a los familiares de víctimas del franquismo una "carrera de obstáculos" en los juzgados competentes para la exhumación de los restos de los represaliados. El diputado de IU Gaspar Llamazares admitió que el objeto de esta proposición no de ley es tratar de que en los juzgados encargados de la apertura de fosas no se reproduzca la actitud de la "obstrucción" a su juicio demostrada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional mientras el juez Baltasar Garzón ha mantenido su causa.

Así, se trataría de crear una fiscalía especializada que se ocuparía de todas las cuestiones relativas a la identificación de víctimas y exhumación de restos. Además, el documento propone que España se adhiera a la Convención de la ONU sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y que en consecuencia el Gobierno apoye las reclamaciones que se presenten en los tribunales por la represión en la dictadura.

Otra medida consiste en crear un órgano temporal de carácter no judicial, con el propósito de elaborar un "libro blanco" que catalogue los "abusos" cometidos. El quinto punto se refiere al régimen del Valle de los Caídos, un tema "tabú" en opinión de Llamazares, que a su parecer es el verdadero motivo de la "furibunda" reacción de la Fiscalía. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, pidió "prudencia" para ver si los procesos sobre las desapariciones siguen adelante o no.

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