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El POTA y el pragmatismo

En un país que avanza en riqueza y bienestar, los abusos no se conjuran sólo con medidas jurídicas equilibradas y buenas prácticas administrativas. La España autonómica ha permitido articular los beneficios de la ciudadanía en el contexto de nuestra integración en Europa. El progreso político, económico y social se manifiesta en las mejores...

el 14 sep 2009 / 20:40 h.

La España autonómica ha permitido articular los beneficios de la ciudadanía en el contexto de nuestra integración en Europa. El progreso político, económico y social se manifiesta en las mejores condiciones de vida de la población en general, que deben localizarse ordenadamente. Nuestro dinamismo se ha sustentado en el pragmatismo, el principio más activo durante la transición. Cambio frente a ruptura, reconciliación frente a enfrentamiento, moderación en lugar de radicalidad. Un proceso pacífico de integración de contrarios por un objetivo común encarnado en la Constitución, los Estatutos de Autonomía, los Pactos de la Moncloa, y tantos otros ejemplos. Pero esos sólidos cimientos de la convivencia y el bienestar presentes no deben impedirnos entender que, transcurridos tantos años, no pueda ser posible la necesaria revisión de nuestras instituciones, de cómo se han ejercitado los instrumentos de la gestión pública y cómo se ha ordenado la participación privada. Y si existe un ámbito sobre el que podamos y debamos estar preocupados es el de la evolución del territorio. Los recientes informes que ha venido publicando el periódico El País acerca de la degeneración del litoral español son de una elocuencia aplastante. El desorden urbanístico, las irregularidades administrativas, la voracidad de muchísimos empresarios y particulares, han transformado el paisaje de buena parte de nuestras ciudades y pueblos hasta mutaciones impensables hace treinta años, cuando atacábamos la corrupción franquista.

Después de tanto tiempo esperando una regulación firme frente a los desórdenes territoriales, una norma absolutamente imprescindible como el POTA está pasando por graves dificultades. La pinza de los intereses parciales, de empresarios y ayuntamientos, frente a la visión integral propia de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, va a traer la reducción de algunas de sus determinaciones en pos de la moderación y armonización en el crecimiento urbano. Se impone el pragmatismo, nos dice el presidente de la CEA, al celebrar que ese y otros asuntos colaterales sean decididos en el ámbito de la concertación.

Me inquieta este "pragmatismo". ¿Concertar la ordenación territorial con los intereses privados y las tarifas municipales? La negociación y la concertación son grados en las formas de participación. Pero, en competencias cruciales, la responsabilidad del gobierno surge de las mayorías parlamentarias expresión de la voluntad popular y de los correspondientes compromisos electorales, no debiendo condicionarse por intereses corporativos o parciales.

En un país que avanza en riqueza y bienestar, los abusos tampoco se conjuran únicamente con medidas jurídicas equilibradas y buenas prácticas administrativas. Es necesaria una cultura ciudadana democrática, una conciencia colectiva, una ética hacia lo público para la que nos faltan los fundamentos de la reforma protestante y de la Ilustración, que debe suplirse con una educación para la ciudadanía, y no sólo de niños y niñas.

Víctor Pérez Escolano es catedrático de Arquitectura de la Hispalense

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