No será la avalancha de alegaciones al Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), ni la extenuación de los funcionarios que las revisen, lo que ponga en riesgo la voluntad de la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, de aprobarlo en junio. Será el efecto del 9-M y quizá su marcha.
Un nuevo destino de la titular en Andalucía de Obras Públicas del que ya se habla en voz baja en su departamento y que vendrá determinado por el resultado de las elecciones generales y autonómicas del 9 de marzo. De momento, lo que sí hay en la sede Obras Públicas son 270 alegaciones al Potaus. Se esperan ya pocas más, ya que el plazo se cerró el pasado día 15, pero pueden llegar algunas por correo.
Estos días media docena de técnicos las están clasificando "y sólo han tenido tiempo de echar un vistazo por encima" a las solicitudes, según apuntaron el lunes fuentes de la consejería. La consejera prometió en su día que el documento estaría aprobado de forma definitiva en junio, una promesa que no depende al 100% de ella con el 9-M por medio.
Es más, tampoco hay ninguna obligación legal, según las mismas fuentes, para que la norma que regirá el crecimiento del área metropolitana -con equiparable a una Unión Europea los planes de los 46 municipios como estados miembros, sujetos a regulaciones comunes para todos- esté aprobada en junio. Ésa, recalcaron, es la "intención" de la consejera.
Si la sustitución se confirma, cualquiera que sea el sucesor, como mínimo va a leer el Potaus con atención -si no se atreve a ponerle su sello personal- ya que será prácticamente el primer documento de importancia con el que se haga una fotografía. También influirán en la contestación a las alegaciones al Potaus parones festivos como la Semana Santa y la Feria de Abril.
El grupo más numeroso de alegaciones corresponde a particulares: son propietarios que temen por el futuro de su parcela, su pequeña inversión o su vivienda en los términos en los que está redactado el Potaus.
Desde Obras Públicas subrayaron que esas alegaciones no tendrán "dificultades" en ser estudiadas y contestadas (la ley sí obliga a responder a todas ellas, tanto para aceptarlas como para explicar por qué se desestiman), puesto que, aunque están muy bien documentadas por lo común, se refieren a hechos muy concretos.
Menos numerosas son las alegaciones de los 46 consistorios del área metropolitana, aunque prácticamente todos "si no el 100%", según las mismas fuentes, las presentaron en plazo. No consta de momento, en cambio, que municipios externos hayan pedido ser el pueblo número 47 de la Gran Sevilla.
Junto con las asociaciones, sobre todo culturales y ecologistas, así como las de profesionales como el Colegio de Arquitectos, que presentó una auténtica andanada, son las alegaciones que tendrán a los técnicos de la consejería más ocupados, ya que son prolijas, documentadas y se refieren a aspectos más generales que las de los particulares.
Obras Públicas trabajará durante cuatro meses para estudiar el aluvión de propuestas. Cuando hayan pasado contestará a las alegaciones, incluirá las que la consejería considere que tienen derecho a introducir cambios en el Potaus, rechazará el resto y pasará el nuevo documento a la comisión de redacción, donde están representados la Junta de Andalucía, el Estado y las administraciones locales a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de seis municipios, y de forma paralela, a la mesa de concertación de sindicatos y empresarios.
Estos dos foros le darán los retoques finales, pero sin ninguna obligación legal de plazos. Sólo quedará entonces el trámite final: su tramitación en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, tras lo que entrará en vigor el documento.
