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El PP-A defiende que la reforma local ahorrará 2.150 millones en Andalucía

el 18 feb 2013 / 21:30 h.

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El secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, ayer en rueda de prensa en Sevilla.

La reforma de la administración local cuyo anteproyecto aprobó el último Consejo de Ministros se ha convertido ya en el gran caballo de batalla político en Andalucía. Desde el Gobierno andaluz, PSOE e IU, han mostrado su frontal rechazo a una medida que, bajo las premisas del ahorro y la eficiencia, prevé medidas polémicas como la supresión de mancomunidades o de los municipios más pequeños, cuyos servicios quedarían en manos de las Diputaciones, y otras celebradas, como el control de los salarios, los asesores o las empresas públicas locales.

El PP echó ayer a rodar toda su maquinaria política a favor de una reforma que apuntala su poder en Andalucía. Los populares tienen las alcaldías de las grandes ciudades y el control de cinco de las ocho Diputaciones. El secretario general del PP-A, José Luis Sanz, los principales regidores andaluces y la presidenta accidental de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias , Ángeles Muñoz, salieron en defensa de la reforma. Muñoz pidió "un debate profundo" y exigió a la Junta que "abandone la confrontación".
Hay una batalla de cifras.

Según el PP andaluz, la reforma local en ciernes supondría un ahorro en Andalucía de 2.150 millones de euros, que provendría, principalmente, de menos sueldos y la supresión de mancomunidades. El ahorro nacional previsto es de 7.129 millones. "Algunas mancomunidades tienen todo el sentido del mundo, pero la mayoría son chiringuitos del PSOE que utilizan para contratar a exalcaldes y exconcejales", denunció Sanz, que suma a su cargo de número dos del PP-A el de alcalde de Tomares, uno de los grandes municipios del área metropolitana de Sevilla. Explicó que sobre las mancomunidades decidirá la cuenta de resultados. Si arrojan números rojos desaparecerán.

Sanz alabó este proyecto de ley, que tuvo que ser retrasado y matizado por encontrar una oposición frontal de los propios alcaldes del PP, como un ejercicio de "transparencia" y "control del dinero público" y sentenció, después de que el Gobierno andaluz ya haya barajado un recurso al Tribunal Constitucional, que "respeta escrupulosamente el Estatuto de Autonomía de Andalucía". Sobre otra de las críticas vertidos por PSOE e IU, que advierten que tras ese traspaso de servicios públicos a las Diputaciones se enmascara una maniobra que facilite la privatización, Sanz fue tajante: "No hay ni un solo artículo que fomente la privatización". A este respecto desempolvó recortes de prensa sobre el proyecto de la segunda modernización de Andalucía, que fue lanzada por el expresidente Manuel Chaves hace once años, y que -según la selección de artículos mostrados por el PP- proponía la privatización la gestión pública. Se da la circunstancia de que el entonces consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, es hoy el responsable del PSOE que hace oposición a esta reforma local desde Ferraz.

Los datos fueron igualmente contundentes en boca de los socialistas andaluces. El vicesecretario general del partido, Mario Jiménez, manejó que el borrador para la administración local supondrá la pérdida de más de 40.000 empleos en Andalucía y que llevará a "cerrar o privatizar" el 90% de los municipios andaluces, que tienen menos de 20.000 habitantes y se ven afectados de lleno por esta reforma. "Se llevan por delante la base de nuestro sistema democrático, el municipio", aseguró Jiménez.

Desde el Gobierno andaluz su vicepresidente, Diego Valderas (IU) maneja ya un primer borrador técnico , adelantado por este periódico, que señala que las Diputaciones podrían asumir los servicios de 689 municipios andaluces -el 87% de los ayuntamientos de la comunidad de menos de 20.000 habitantes- y que advierte además de que cerca de 530 pequeños pueblos están en riesgo de ser fusionados o agrupados.

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