El PP-A insta a aplicar ya el decreto de Rajoy y a poner fin a las expropiaciones

Plantea crear un registro de viviendas públicas y otro para fomentar el alquiler

el 18 jun 2013 / 13:33 h.

Alicia Martínez, diputada del PP-A, ayer en rueda de prensa Alicia Martínez, diputada del PP-A, ayer en rueda de prensa El decreto antidesahucios de la Junta puso en un brete al PP andaluz. La norma, que incluye sanciones a las casas vacías y la expropiación temporal a la banca del uso de viviendas para evitar que las familias más desfavorecidas pierdan su casa, tuvo tanto respaldo social y tanta difusión mediática que los populares andaluces no pudieron oponerse. Incluso apretaron al Gobierno central para que no la recurriera. En la convalidación del decreto en el Parlamento el PP-A se abstuvo, pero ahora en la tramitación parlamentaria de la ley intentará “darle una vuelta completa”. El PP busca limar los aspectos más espinosos del decreto. Por ejemplo, quiere que la Junta deje de expropiar viviendas, una polémica medida que puso en pie de guerra a la banca y que ya ha evitado que cuatro familias pierdan su hogar. En vez de eso, los populares instan a la Junta a que “aplique en Andalucía” el decreto del Gobierno central que, entre otras cosas, paraliza los desahucios de las personas en riesgo de exclusión social durante dos años. Ninguna administración es capaz de cuantificar el efecto que la norma de Rajoy –que dejó insatisfechas a las principales asociaciones ciudadanas– está teniendo en Andalucía. Ayer la popular Alicia Martínez habló en términos genéricos de 25.000 andaluces. En un intento de poner en valor las medidas del Gobierno, recordó que Rajoy “ha sido el primer presidente en paralizar desahucios”. El PP-A ha presentado 82 enmiendas a la norma andaluza antidesahucios que constituyen una alternativa trabajada. Propone que la Junta cree en el plazo de un mes un fondo –no especifica el dinero– para dar ayudas a las familias en situación de emergencia que puedan perder sus casas por impago de la hipoteca o del alquiler –las expropiaciones de la Junta solo benefician a hipotecados–. A ese fondo no podrían acceder quienes se acojan a las medidas de Rajoy. Además, el PP-A plantea la elaboración de dos registros: uno con las viviendas de promoción pública de la Junta (unas 80.000) y otro, voluntario, con las casas en manos privadas deshabitadas que se pretendan alquilar. Propone un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial para que los jueces avisen a la Junta de los desalojos inminentes y que el BOJA publique cada año la disponibilidad presupuestaria y lo que se ha gastado en favorecer el acceso digno a la vivienda.

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