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El PP abre una batalla judicial contra el tope de deuda

Arenas duda de un decreto «arbitrario» y Valencia irá a los tribunales y habla de «argucia electoral»

el 09 sep 2010 / 19:20 h.

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El vicesecretario general de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, anunció ayer a Europa Press que su partido ha encargado informes jurídicos sobre la "legalidad" del nuevo margen de endeudamiento municipal en 2011 anunciado por el Gobierno de la Nación para los ayuntamientos que se encuentre en mejor situación financiera, ya que los populares consideran que constituye "toda una arbitrariedad".


Arenas explicó que el PP tiene "serias dudas" sobre la "legalidad" de esta decisión gubernamental porque "no se pueden cambiar las reglas del juego de la financiación local por un decretazo sin ningún consenso con las corporaciones locales" y lamentó que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "cometa un grave error pensando en el interés partidista y en los votos municipales".


En esta línea la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fue la primera en anunciar que emprenderá medidas legales contra el nuevo criterio de endeudamiento por considerar que se trata de "una argucia electoral" que "incurre en arbitrariedad" y "vulnera" los principios constitucionales de seguridad jurídica y de suficiencia financiera.


El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano (PSOE), propuso extender la posibilidad de permitir endeudarse a aquellos consistorios que se encuentran en peor situación financiera con vistas a poder acometer planes de saneamiento, que permita una refinanciación de sus deudas y una reestructuración de toda su financiación.


En la línea de la batalla legal anunciada por su partido, la vicepresidenta de la FAMP y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), criticó las rectificaciones del Gobierno en materia de financiación municipal y manifestó sus dudas sobre la legalidad del nuevo sistema, por considerarlo arbitrario. A su juicio, tales rectificaciones están produciendo "desconcierto, inseguridad jurídica y desconfianza económica" en las corporaciones locales.

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