El coordinador de Economía y Empleo y el secretario general del grupo parlamentario del PP-A, Rafael Carmona y Rafael Salas respectivamente, denunciaron ayer que la Agencia IDEA de la Junta, a la que consideran piedra angular de las arbitrariedades cometidas por la Administración autonómica a la hora de conceder ayudas y subvenciones con dinero público, otorgó entre 2008 y 2012 avales por un importe total de 210 millones de euros pese a las irregularidades detectadas por la Intervención General en la concesión de ayudas desde 2009. Ambos dirigentes explicaron que existe un informe de la Intervención General de 2009 en el que ya se advertía de que se dieron avales sin autorización del Consejo Rector de IDEA cuando éstos superaban los 450.000 euros tal y como establece la normativa autonómica y también sin la ratificación del Gobierno andaluz cuando superaban el 1.200.000 millones. Pero lo más grave, a su juicio, es que IDEA concedió avales hasta superando los límites establecidos en la Ley de Presupuestos, que era de 18 millones de euros, llegando incluso a concederlos por valor de 71 millones, en algunos casos, a empresas que no estaban al día en sus obligaciones ni con la Seguridad Social ni con Hacienda, informa Europa Press. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) respondió poco después que el procedimiento en la concesión de avales es reglado, público y objetivo, que no tiene nada que ver con el caso de los ERE y en el que el Gobierno andaluz intentó mantener el tejido industrial y puestos de trabajo. Hay que explicar que ese informe de cumplimiento que hace la Intervención General, en virtud del control financiero de IDEA, se hace de manera anual dentro de un procedimiento de mejora continua, por lo que se refiere solo a 2009. Sin embargo, el PP-A habla del periodo de 2008 a 2012, explican fuentes de la agencia. No obstante, el popular insistió ayer en que el informe de la Intervención General es demoledor en tanto en cuanto pone en evidencia, por un lado, que en 2010 el Consejo Rector de IDEA presidido entonces por el exconsejero de Economía Antonio Ávila validó esas irregularidades detectadas un año antes por el órgano fiscalizador; y, por otro, que el Consejo de Gobierno, con el presidente José Antonio Griñán a la cabeza, también dio el visto bueno a los 55 millones de euros que, entre 2008 y 2009, otorgó IDEA en avales. Según Salas, el Consejo del Gobierno andaluz actuó de forma negligente pura y dura al otorgar unos avales con los que la Junta ha perdido mucho dinero público no sólo porque fueron destinados a empresas que entraron en concurso de acreedores después de obtener el aval (70 de 153 beneficiarias) sino porque, además, muchas de ellas estaban siendo subvencionadas por otras partidas de la Junta como la 31L, más conocida como fondo de reptiles por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. El PP cifra en 103 millones el quebranto económico en la agencia IDEA.
