R.Velis
El PP difundió ayer las grabaciones que dieron origen al caso Mercasevilla para demostrar la "doble vara" de la Fiscalía, refiriéndose al caso Gürtel y a la "persecución" que dicen ha orquestado con este asunto el PSOE. Los populares preguntarán hoy a Chaves sobre el caso en el Congreso.
El PP convocó ayer una rueda de prensa en Madrid para pasar a todos los medios de comunicación las grabaciones del caso Mercasevilla, pese a que se trata de la prueba clave de un sumario que, como todas las actuaciones judiciales, es secreto salvo para las partes y la revelación de datos del mismo puede llegar a suponer un delito. De hecho, los populares ejercen la acusación popular desde que el asunto lo está llevando el Juzgado de Instrucción número 6 y, por tanto, tienen acceso a la documentación, no así cuando la investigación la llevaba la Fiscalía, pues en ese proceso no podían estar personados.
Así, ayer el secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, entregaron el audio a los periodistas y pusieron el caso como un ejemplo "escandaloso" de la "doble vara de medir" de la Fiscalía cuando se trata de políticos y comunidades del PP y del PSOE, refiriéndose al caso Gürtel.
Para González Pons, la grabación evidencia que ante "indicios probatorios similares" la Fiscalía y la Policía pueden actuar "a cien por hora cuando es el PP y quedarse quietos cuando es el PSOE", persiguiendo a los políticos del PP "hasta más allá" de la línea que marca la presunción de inocencia. Con el PSOE, en cambio, dijo, se "levanta el pie del acelerador y se deja que la inercia conduzca a la impunidad", añadiendo que en España se persigue a las comunidades gobernadas por el PP, mientras los casos "gravísimos" del PSOE "se olvidan en los cajones".
Además, aseguró que las cintas evidencian que el PSOE se estaría "financiando de forma ilegal" y que "estaría prestando las fundaciones de la Junta para que se blanquease el dinero con el que se financian las campañas socialistas".
El secretario general del PSOE en Sevilla, José Antonio Viera, pidió ayer una "rectificación inmediata" al PP por estas acusaciones y no descarta una denuncia para "defender el honor del PSOE". Para Viera "se trata de una gamberrada y una golfería política más del PP de Arenas y Rajoy, partido que demuestra una vez más su cinismo e indecencia".
Por otro lado, el diputado nacional del PP Ricardo Tarno preguntará hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, al ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, por la actuación del Gobierno central en el caso, aunque Chaves recordó ayer que fue la Junta la que lo denunció.
La juez imputa al vicesecretario de Mercasevilla
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya Rodríguez, que investiga el caso Mercasevilla, ha citado a declarar como imputado al vicesecretario del consejo de administración de la entidad, Jorge Piñero.
Su imputación se produce después de que su declaración como testigo el pasado 31 de julio fuera suspendida tras las declaraciones de los técnicos que elaboraron el informe de estudio y valoración de las ofertas para la adjudicación por concurso de un derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla, adjudicado a Sando. Piñero, que es vicedecano del Colegio de Abogados, declarará el 25 de septiembre; mientras que el día 28 del presente mes, la juez ha citado como testigo al presunto intermediario Juan Lanzas Fernández.
Los técnicos que declararon como testigo mostraron su extrañeza ante el hecho de que en el pliego de condiciones se incluyera una cláusula relativa a la limitación al alza del precio. Además, aseguraron que Piñero tuvo una intervención importante en la redacción del pliego de condiciones, ya que el concurso seguía sus indicaciones a nivel jurídico.
En su declaración como testigo, el economista José Antonio Ripollés señaló que en la comisión ejecutiva de Mercasevilla en la que se adjudicó el concurso a Sando, aparecían recogidas manifestaciones que no había realizado. Además, explicó que Mercasevilla introdujo una cláusula en el pliego de condiciones que acabó perjudicando a la oferta del Grupo Sando, que era la más favorable, que suponía 75 millones de euros más que la de Sando.
En el caso Mercasevilla, están imputados el director gerente de la entidad, Fernando Mellet; su adjunto, Daniel Ponce, la trabajadora Regla Pereira y el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, que está citado a declarar como imputado el próximo 16 de noviembre. A ellos, se suma ahora el quinto imputado, tras la ampliación de la denuncia al concurso de Sando.
