En la escalada de acusaciones sin pruebas e insultos participan los tres grupos municipales. Pero ayer el PP dio un paso más. Denunció en la misma sesión plenaria el cobro de comisiones ilegales para adquirir contratos en el Consistorio y la realización de obras irregulares en torno a la vivienda del alcalde. En ninguno de los dos casos aportó pruebas.
El enfrentamiento entre los dos socios de gobierno y la oposición dio ayer un paso más en una escalada que le conduce a rebasar los límites de la política municipal y de la legalidad. Lo que se inició con insultos y ofensivos juegos de palabras derivó en una serie de denuncias sin pruebas más propias de los tribunales que del salón de Plenos. Desde los bancos de la oposición surgieron dos acusaciones de delitos, que quedaron así registradas en las actas.
La primera fue lanzada por el concejal popular Gregorio Serrano: "Podemos hablar de todas las personas que han venido al grupo municipal a denunciar que tienen que pagar para contratar con el Ayuntamiento. Unos pocos dicen que son empresarios y nos dicen que para contratar tienen que apoquinar. Y no son ni uno, ni dos, ni tres". Un portavoz, al ser consultado por este periódico, ratificó todas las palabras pronunciadas por el edil, aunque no especificó si había o no pruebas.
Estas denuncias encontraron una airada respuesta de los bancos del Gobierno local. Antonio Rodrigo Torrijos, portavoz de IU -inmerso desde hace meses en una ofensiva dialéctica, insultante contra PP y medios de comunicación, obviando todo respeto a las formas-: "Usted ha dicho que van a su despacho para decirle que tienen pagar para obtener contratos. Si esto así, es un delito, ¿por qué no lo pone en manos de la Justicia?". Torrijos ya ha anunciado acciones legales contra los populares, quienes denunciaron una "trama de financiación" del Partido Comunista a través de la red de subvenciones de cooperación internacional. El PP volvió ayer a pedir explicaciones sobre ayudas a una ONG vinculada a la guerrilla colombiana y sobre los motivos por los que se modificó toda la política de cooperación para ser gestionada por la Fundación de Sevilla, con "menos controles", según denunciaron los populares.
La segunda acusación la protagonizó José Miguel Luque, con el respaldo del propio Juan Ignacio Zoido. El edil denunció una "modificación del plan de barrios" para sustituir las obras previstas en la calle Áncora por otras en "tramo concreto de una vía" en la que reside un "conocido vecino". Se han puesto "bancos y rebajes" que no hay en otras calles del barrio, según este relato, en un área que en parte es un espacio privado de uso público. El PP acreditó que lleva desde el mes de agosto reclamando información sobre las obras realizadas en esta vía, aunque no que se hayan producido ilegalidades. Los populares difundieron el nombre de la vía a la que se referían, pero no el miembro del Gobierno al que hacían alusión -se trata del alcalde, cuya dirección omite este periódico por motivos de seguridad-.
"Lo que acaban de hacer es una irresponsabilidad. Tiene usted que reflexionar -en alusión a José Miguel Luque- sobre lo que acaba usted de hacer", respondió Francisco Fernández. Más explícito fue el propio regidor: "Juegan ustedes al poli bueno, el poli malo y el poli de alcantarilla, que es usted señor Luque. Y lo digo en el doble sentido que tiene. Usted sabe a qué se dedican los agentes que miran en las alcantarillas. No voy a contribuir a una desgracia, un riesgo del que les hago responsables". Fue Zoido quien defendió a su edil: "Se ha puesto encima de la mesa un tema del que se han pedido explicaciones. Hay que salvaguardar la seguridad, pero también hay que dar las explicaciones suficientes".
En el tenso Pleno no faltaron tampoco alusiones a los "trajes" de dirigentes del PP, a la financiación por parte de IU de asociaciones "vinculadas a la guerrilla", a los contratos irregulares del primo del alcalde y de un ex cuñado y a los contratos realizados por la empresa Special Events con el PP-A cuando Zoido era secretario general.
La tensión duró hasta el final. El PP llevaba una pregunta oral sobre el aborto. Los miembros del gobierno le respondieron sacando preservativos y mostrándolos a los bancos de la oposición. Se escucharon frases, según algunas fuentes, como "Usa el condón" o "Vete a la Hermandad". Una edil del PP sacó la cámara y fue reprendida por la presidenta del Pleno que ordenó que la retirasen. La pregunta se interrumpió. Y se produjo así el enésimo enfrentamiento.
