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El PP admite falta de control en las cámaras y en el coche ponemultas

El gobierno anterior afirma que aplazó las denuncias del Plan Centro y que el nuevo gobierno las pudo recuperar hasta agosto.

el 09 nov 2011 / 14:23 h.

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Antonio Rodrigo Torrijos, Francisco Pérez y Juan Espadas junto al secretario municipal durante la comisión.

La Delegación de Tráfico, que dirige Demetrio Cabello, desconoce cómo el jefe de sección del Centro de Control de Tráfico accede periódicamente al sistema de control de las cámaras del casco histórico , aún activas, y acumula imágenes sobre los vehículos para "continuar su investigación". Tampoco entiende cómo el coche ponemultas está sancionando a los vehículos que acceden a vías de acceso restringido teniendo en cuenta que la base de datos de vehículos autorizados del casco histórico no se actualiza desde marzo. Y no aclara por qué Alcaldía decidió difundir un informe en rueda de prensa que denunciaba delitos y ponía contra las cuerdas a una empresa sin antes contrastarlo. Lejos de alcanzar a demostrar el "fraude" y las "graves irregularidades" del sistema de control de accesos que denunció justo antes de derogarlo, el PP se encontró ayer con que la comisión de investigación del Plan Centro tiene más recorrido en el análisis de su gestión que en la actuación del anterior gobierno cuya legalidad ya ha sido avalada y cuya responsabilidad se limita a fallos de gestión.

Tras las declaraciones de técnicos, empresarios y responsables políticos del anterior gobierno , la únicas conclusiones a las que se aferra el gobierno local son que se delimitaron los vehículos que se iban a denunciar; y que en marzo por un problema de personal se dejó de actualizar la base de datos y se paralizaron las sanciones. Pero ni siquiera en estos dos elementos hay muchos más que fallos de gestión. El exdirector general de Movilidad Rubén García fue el encargado de aclararlo. Antes de empezar a sancionar, la Agencia Tributaria advirtió de que sólo podría tramitar 250 sanciones al día. "Había que priorizar porque había más de 2.500. Se hizo un análisis técnico del intervalo que coincidía con esta cifra y se decidió multar entre 75 y 200 minutos. No es una decisión política, y es legal".

En el segundo caso el problema fue mayor. Las multas empiezan a llegar a la Agencia Tributaria desde el 28 de enero y a finales de febrero los técnicos advierten de que no hay personal suficiente para actualizar la base de datos. Así en marzo, el jefe de servicio anuncia que se tienen que dejar de tramitar las sanciones. "La situación se debe a un concurso de traslado y a unas bajas, y por eso se toma esa decisión. Porque, además, la finalidad del sistema no era sancionar, sino regular (...) Se trasladó la petición a Recursos Humanos y confiábamos en que no se superara el periodo de prescripción", explicó García, quien subrayó que fue una "incidencia puntual no prevista" la que provocó el desajuste. El exdelegado de Movilidad Francisco Fernández fue más expresivo: "Sí, había dificultades de personal, eso es el día a día de una delegación. ¿Y qué? Cuando hubiera personal se retomaban". Pero esas denuncias, además, no se perdían. Había tres meses de margen, el periodo de prescripción de las multas, un tiempo durante el cual, si se cubrían las plazas, se podían tramitar las multas atrasadas. Esto es, que hubo margen hasta agosto para recuperarlas. Pero ésta, como admitió el delegado de Tráfico actual, no fue la prioridad: "El sistema no se alimentaba (...) Estaba inoperativo. No di instrucciones para que se actualizara porque se iba a derogar".

En este escenario, cuál es el argumento al que se aferra el PP: si no había funcionarios se tenía que haber advertido a los ciudadanos de que no se iban a poder tramitar provisionalmente las sanciones. Lo contrario es, según el portavoz del gobierno, Francisco Pérez, "ocultar la verdad". El exdirector de Movilidad discrepó: "No ha habido un intento de ocultar, sino simplemente una lógica de reserva". Más gráfico fue Francisco Fernández: "¿De verdad hay alguien que cree que se debe convocar una rueda de prensa porque hay dos auxiliares de baja?"

Y con estos capítulos explicados, la investigación avanza a otros objetivos. Por un lado, ¿por qué se difundió un informe de un técnico sin contrastarlo aún sabiendo que denunciaba delitos y ponía en entredicho a una empresa? Cabello indicó el rumbo: él se lo dio a Alcaldía y allí se decidió publicarlo. Tras difundirlo se recibieron informes que lo desmentían. A preguntas de Antonio Rodrigo Torrijos, lo concretó. "¿Y el alcalde decidió hacerlo público?" "Sí", contestó.

Y, por otro, qué ocurre ahora en el Centro. La comisión de investigación ha abierto dos frentes para el PP. En primer lugar, el uso actual de las cámaras que estaban dadas de alta para tomar imágenes de una zona de acceso restringido, y el casco histórico ya no lo es. Son precisamente estas fotos, con las matrículas visibles las que aportó a la comisión el jefe de sección del Centro de Control de Tráfico, Enrique Gutiérrez, como prueba. El exdirector general cuestionó que esto se pudiera hacer: "Una cosa es el visionado, y otra, sin tener acceso a las imágenes, usarlas. Se puede vulnerar el derecho a la intimidad". Y hasta el actual delegado tuvo sus dudas. Después de defender que "la Ley de Protección de Datos es para las personas y no para los coches" y de subrayar que se utilizan para contar vehículos, admitió que tendrá que investigar por qué su jefe de servicios sigue imprimiendo fotos: "No sé cómo las ha conseguido, ni si se ha hecho un buen uso, habrá que ver lo sucedido". IU ha pedido ya un informe al secretario para iniciar acciones judiciales.

Y el segundo frente es el ponemultas. Desde la derogación se usa como herramienta para sancionar vehículos en vías restringidas. Sin embargo, según Cabello, ni se actualizan las bases de datos ni esta competencia encaja con las del coche. Desde el gobierno afirman que se revisan los datos de residentes de forma manual, comprobando las matrículas. Pero eso no es lo que dijo el responsable de Policía y Tráfico: "Ignoro que eso ocurra, esa no es su finalidad. El coche es para la doble fila. Me parece una barbaridad". Según su delegación, el ponemultas ha puesto 2.488 sanciones a coches en circulación en vías como Trajano -506- o Cristo de Burgos -511-.

En este escenario, mientras el PP se esfuerza por defender que se está demostrando un "grave fraude", PSOE e IU han hallado un filón contra los populares. Hasta el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, aprovechó el hueco: "Zoido debe dejar de poner excusas mintiendo".


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