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El PP advierte en su programa electoral que no negociará con ETA ni por el anuncio de cese de la violencia

el 30 oct 2011 / 09:56 h.

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El Partido Popular advierte en su programa electoral que no negociará con ETA ni por la presión de la violencia, ni por el  anuncio de su cese. Según el resumen del citado programa al que ha  tenido acceso Europa Press, los populares dejan claro que éste será  el "principio básico de la política de seguridad del Estado".

La banda terrorista ETA emitió el jueves 20 de octubre un  comunicado en el que anunciaba el cese definitivo de la violencia  pero pedía a los estados español y francés negociar las consecuencias  de lo que los terroristas denominan "conflicto" vasco.

Los populares dejan claro en su programa, en un capítulo titulado "La derrota de ETA", que no van a negociar ni por anuncio de cese de la violencia y además, anuncian que van a promover el reconocimiento y la memoria de las víctimas y que apoyarán las iniciativas de la  sociedad civil en este sentido.

LOS PADRES PAGARAN LOS DESPERFECTOS Y MAS GUARDIA CIVIL

En el capítulo de seguridad, los populares también han incluido una propuesta para controlar las infracciones por "incivismo". Para  ello, se proponen que los infractores paguen la reparación de los desperfectos originados en la vía pública y reforzarán esta exigencia  de responsabilidad a los padres o tutores legales si quienes han causado daños son menores de edad. Junto con ello, impulsarán un plana de "seguridad rural" para  luchar contra robos en explotaciones agropecuarias.

Para ello, la  propuesta es aumentar la "vigilancia y los controles", con la  realización de mapas de delincuencia, endureciendo las penas por  hurtos y potenciando el despliegue de la Guardia Civil.

RECUPERARAN EL RECURSO PREVIO DE INCONSTITUCIONALIDAD

El Programa incluye todo un capítulo sobre la "regeneración  política e institucional" y en él se compromete con "sincera actitud  de diálogo" a promover todas las "acciones y acuerdos políticos" que  favorezcan el "entendimiento y la concordia entre todos los españoles  en torno a los valores constitucionales".

Una de las medidas que incluye en esta parte es la de recuperar el  prestigio del Tribunal Constitucional, para lo que proponen modificar  la elección de los magistrados del TC de modo que "se eviten  dilaciones indebidas". Como ya había anunciado el PP en multitud de ocasiones, han  incluido en su programa la recuperación del "recurso previo de  inconstitucionalidad en la tramitación de las reformas de los  Estatutos de autonomía".

Y, para agilizar el trabajo del TC, se proponen atribuir a la  "jurisdicción ordinaria" el amparo para garantizar los derechos  fundamentales, reservando al Tribunal Constitucional "el ejercicio de  su competencia en los supuestos de interés constitucional de acuerdo  con lo que disponga la ley".

LA DOCTRINA PAROT, POR LEY

En cuanto al funcionamiento ordinario de la Justicia, los  populares se proponen promover un cambio de modelo de la oficina  judicial, de tal manera que sea "eficaz, accesible y transparente  para el justiciable, y que asegure la unidad de gestión en todos los  órganos jurisdiccionales."

Además, impulsarán una agencia que articule un "sistema  informático único" y permita el conocimiento "inmediato" en red de  los datos judiciales y de los que constan en los registros públicos  relacionados con la administración de justicia.

Y tal y como anunciaron en la Convención Nacional que celebraron  en Málaga los pasados 13, 14 y 15 de octubre, reformarán el sistema  de penas del Código Penal, "introduciendo la pena de prisión  permanente revisable", así como la posibilidad de aplicación de  medidas de seguridad postpenales".

En cuanto al cómputo de beneficios penitenciarios, quieren que se  haga sobre cada una de las penas impuestas, tal y como establece  ahora la llamada "doctrina Parot" y que está recurrida por más de un  centenar de etarras en el Tribunal Constitucional. Los populares  también quieren poner en marcha una nueva regulación de la  multirreincidencia en los delitos y fortalecer la función casacional  del Tribunal Supremo. 

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