El Puerto necesita el dragado de profundización en el tramo navegable del río para que entren barcos más grandes. / David Estrada
El rechazo del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana al proyecto del Puerto de Sevilla para proteger la margen derecha del Guadalquivir paso previo al dragado de profundización del tramo navegable con el voto contrario de ecologistas, municipios afectados, agricultores y la propia Junta de Andalucía, entre otros, ha provocado que el PP vaya a pedir una alternativa al Gobierno andaluz «ante el peligro de perder alrededor de 170 millones de euros de financiación europea».
Mientras que la presidenta del Puerto, Carmen Castreño, solicitará esta semana una reunión con la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, para hacer cambios en el proyecto y poder sacarlo adelante, los populares han pedido la comparecencia de Serrano en el Parlamento andaluz para que explique por qué votó en contra en este pronunciamiento preceptivo, aunque no vinculante, del máximo órgano de participación de Doñana. Así lo comentó ayer la parlamentaria autonómica del PP por Sevilla, Alicia Martínez, quien mostró su preocupación tras «un nuevo ejemplo de la indolencia del Gobierno andaluz ante proyectos estratégicos para Andalucía y, especialmente, para la provincia de Sevilla».
Martínez señaló que «el proyecto del dragado está apoyado por todos los agentes sociales y grupos políticos de la provincia de Sevilla y, sin embargo, la Junta lleva años sembrando dudas al respecto y dejando que pase el tiempo sin ofrecer soluciones», toda vez que la Junta, una vez posicionado el Consejo de Participación de Doñana, debe ahora emitir su informe definitivo sobre el proyecto de protección de márgenes. De hecho, el proyecto del Puerto para dragar el río y que puedan navegar barcos de más calado requiere luz verde de las administraciones central y autonómica.
Además, Martínez sostuvo que no se puede «echar por tierra» un proyecto que cumple «con todos los requisitos de la Declaración de Impacto Ambiental y que supondría una importante inversión y el consecuente desarrollo económico para Sevilla». «Y que además añadió se lleve a cabo sin explicar cuáles son las razones por las que se aprobó dicho informe desfavorable».
Martínez recordó que «el dragado y mejora de las márgenes suponen una inversión de 36 millones de euros, y el proyecto de mejora de los regadíos alrededor de 180 millones de euros» y añadió que «sería incomprensible que se renunciara a ellos, sobre todo cuando ya se ha puesto en carga la primera fase del proyecto que es la nueva esclusa en la que se han invertido mas de 160 millones de euros».
«Es un proyecto estratégico en el que deben tomarse todas las cautelas y, sobre todo, buscar el acuerdo de todas las administraciones», defendió la parlamentaria del PP, que pidió a Díaz que «se ponga del lado de un proyecto fundamental para la ciudad, que a su vez traerá la mejora de los regadíos y la mejora y conservación del estuario».
En la misma línea, la Autoridad Portuaria de Sevilla quiere «despejar dudas» y «mejorar» el proyecto de recuperación de las márgenes del río, para que la Junta le dé su visto bueno. Por eso, Carmen Castreño tiene previsto pedir una reunión a la consejera. «Nos ponemos a total disposición de la consejería para lo que sea que ésta estime oportuno de cara a esta iniciativa», aseguró Castreño, mostrando su voluntad de diálogo y su interés en que el dragado del río, finalmente, se lleve a cabo.
Para la presidenta del Puerto, el dragado es una intervención «muy importante para Sevilla como ciudad, las provincias limítrofes y el estuario», dado que traerá consigo «mayor movimiento económico y generación de empleo, que es lo realmente decisivo hoy en la sociedad». La propia consejera ya advirtió el pasado 11 de abril de que el Gobierno andaluz es desfavorable al dragado, al menos hasta que no se dé cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y a las previsiones del dictamen de la comisión científica. Serrano incluso abundó tras la reunión del Consejo de Participación de Doñana en que «no podemos autorizar nada, dentro de nuestras competencias, que ponga en riesgo medioambiental el estuario y la protección del Parque Nacional de Doñana».
La consejería hizo suyas las pegas al proyecto de recuperación de las márgenes del río que ya trasladaron científicos y ecologistas, iniciativa del Puerto que solo logró el apoyo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), mientras que CCOO se abstuvo porque el proyecto no fue revisado por una comisión técnica, como estipula la condición número ocho de la DIA .
El resto de miembros del Consejo de Doñana, incluida la Junta, subrayaron, además, las «deficiencias» técnicas del proyecto de recuperación de las márgenes del Puerto, la no consideración de los costes totales de la obra durante su vida útil, los posibles efectos del cambio climático en su diseño y la incoherencia con el dictamen de la comisión científica.
De ahí el mayoritario voto negativo, lo que supone un duro revés para el dragado puesto que las administraciones nunca han ejecutado ninguna actuación sin el visto bueno de Doñana, pese a que su dictamen no es vinculante. Una de la razones es que los órganos europeos, como la Unesco, tienen la lupa puesta en este órgano para garantizar que esta joya natural sigue mereciéndose los títulos que posee, como el de Patrimonio de la Humanidad. Tras el informe del Consejo, la consejería debe emitir una resolución que a día de hoy según la consejera está suspendida al haberse puesto en conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente la «necesidad» de que la DIA, de 2003, recoja la nueva normativa. «Tampoco sabemos si la legislación de puertos ha emitido los informes necesarios», apostilló Serrano.
