El PP andaluz dijo ayer abiertamente que avala la decisión de la Junta de Andalucía de demoler el hotel de la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). Tras una semana en la que esta formación ha evitado pronunciarse sobre cuál era su opinión sobre el futuro de esta mole de hormigón de 21 plantas y 411 habitaciones, el portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas, después de ser preguntado en varias ocasiones, contestó que «lo que determine la legalidad será lo que habrá que hacer. Si es legal la demolición y se puede producir, así habrá que hacerlo, en cumplimiento de la legalidad». Esta opinión coincide con las declaraciones que en los últimos días ha realizado la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, a favor de tirar el complejo hotelero. Esta medida se recoge en un convenio firmado entre el Ejecutivo de Madrid y la Administración andaluza, que incluso cuenta con un proyecto de demolición, presupuestado en 7,1 millones de euros. No obstante, en el seno del PP no todos están en contra del Algarrobico. El presidente de la Diputación de Almería y líder de la formación en esta provincia, Gabriel Amat, defiende con vehemencia la apertura del hotel. Una postura que también comparte el PSOE de Carboneras. La Administración andaluza formalizará el 12 de septiembre el derecho de retracto por el que las parcelas sobre las que se levanta el complejo hotelero pasarán a ser patrimonio público, después de que se depositaran para ello 2,3 millones de euros en 2006. Esta actuación es el paso previo a la demolición del hotel cuando haya plenas garantías jurídicas. Este anuncio de la Junta sirvió al PP de munición para culpar a la Administración andaluza de la construcción del hotel. Incluso los populares reprocharon que se había concedido una subvención de 2,8 millones de euros a la promotora Azata del Sol para construir el hotel. Sin embargo, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, quien en un primer momento dijo desconocer las existencia de esta ayuda, aunque prometió investigarla y llegar hasta el final, el miércoles dio una rueda de prensa en la que informó de que dicha subvención la otorgó el Gobierno de José María Aznar, en 2002. Para demostrar la veracidad de la noticia mostró el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que se publicaba la concesión de la ayuda. Este cruce de acusaciones sobre la subvención al Algarrobico siguió en el día de ayer. Rojas, para justificar su denuncia, indicó que las ayudas «eran solicitadas, gestionadas y controladas por la comunidad. No se sostienen esas declaraciones de la consejera, que está haciendo un ridículo espantoso», manifestó. Recalcó, además, que la Junta es la que presenta la solicitud de ayuda, la que la tramita, la que la promueve y «ahora pretende echar la culpa a los demás. Es sencillamente impresentable». Achacó a la Administración andaluza el haber realizado «un rosario de incompetencias» en la gestión del Algarrobico, lo que, según Rojas, evidencia que el Ejecutivo andaluz «no es de fiar». A lo que añadió que su actuación «nos está costando mucho dinero». Ante la gravedad de los hechos, el portavoz del PP en el Parlamento anunció que solicitará la comparecencia de la consejera de Medio Ambiente en la Cámara andaluza. Por su parte, la secretaria de Salud y Consumo del PSOE andaluz y responsable federal de Formación, Estefanía Martín Palop, reclamó al líder del PP de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que «deje de ocultarse» y que se pronuncie sobre el Algarrobico. La coordinadora provincial de IU en Almería y parlamentaria andaluza, Rosalía Martín, fue más allá y reprochó al PP de ir cambiando de postura sobre el hotel por intereses económicos.