El escándalo de los sobres de dinero negro que supuestamente repartió el extesorero del PP Luis Bárcenas entre la cúpula popular pilló al PP andaluz como anfitrión de la cumbre local del partido en Almería. Desde entonces, los dirigentes del PP-A han actuado, en sus declaraciones públicas, como si no pasara nada, a pesar de que el presidente, Mariano Rajoy, ha ordenado una auditoría externa e interna de las cuentas de Génova. En Andalucía, el presidente, José Antonio Griñán, aprovechó este debate para anunciar que la futura ley de transparencia que prepara la Junta incluirá la prohibición de que los cargos públicos cobren sobresueldos. Ayer el número dos del PP andaluz, José Luis Sanz, dijo que su formación apoyará esta medida aunque consideró que "no es una prioridad" en este momento.
Los socialistas andaluces quieren ser la avanzadilla en el control de las finanzas de los cargos públicos de la comunidad. Cuando Griñán anunció que en Andalucía un político solo podrá cobrar un salario y que deberá justificar su patrimonio, hubo dudas de si la comunidad tenía competencias para ello. Justo después, el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, dejó claro que la Cámara autonómica tiene potestad para prohibir por ley los sobresueldos de los diputados. El secretario general de los populares animó a Gracia a que "diga" si algún parlamentario andaluz -que gana unos 3.113 euros brutos al mes más complementos- percibe algún salario extra y recordó que un diputado "solo puede cobrar un sueldo". Ni él ni nadie de su partido reciben pluses, zanjó. Preguntado directamente si el PP-A respaldará la ley que evitará que los políticos engorden sus nóminas, Sanz se fue un tanto por las ramas. Primero afirmó que "no es una prioridad" y criticó que "se intente dar la impresión ahora de que todo el mundo cobra un sobresueldo". Luego advirtió de que "hay pocos colectivos más transparentes" que el de los políticos porque las declaraciones de bienes de todos los diputados andaluces están detalladas en la página web del Parlamento o, en casos como el suyo, que es senador, en la web del Senado. "Yo creo que si hubiera sobresueldos aparecerían en la declaración de la renta, ¿no?", ironizó.
Ante la insistencia de los periodistas, Sanz respondió que "si ahora toca prohibir los sobresueldos, pues sí". Es decir, que el PP-A apoyaría esa medida. Señaló que si el presidente del Parlamento "lleva una propuesta a los grupos de la Cámara, pues se prohíbe y ya está". "¿Cuál es el problema?", espetó.
El número dos del PP-A insistió en que nadie de sus filas cobra sobresueldos, pero el que hasta hace muy poco era líder todopoderoso del partido, Javier Arenas, sí lo percibió durante algún tiempo. "Desconozco la declaración del señor Arenas", replicó Sanz. En la legislatura pasada, con un PSOE acorralado por el caso ERE, Griñán solo logró asestar un golpe al PP al poner a Arenas entre las cuerdas para que hiciera pública su declaración de la renta. Después de varios titubeos, el dirigente popular la difundió en julio de 2011. Quedó al descubierto una nómina muy abultada. En 2010 el expresidente del PP andaluz percibió 142.679,06 euros brutos, de los que 95.674 euros -casi 8.000 al mes- correspondían a "gastos de representación" como vicesecretario de Política Autonómica, es decir, dinero para manutención, reuniones, viajes y demás.
El sueldo de Arenas dio munición a los socialistas durante mucho tiempo. Meses después, el exlíder popular renunció al sobresueldo de Génova para evitar más "manipulaciones". Arenas fue secretario general del PP desde 1999 a 2003, etapa en la que también Bárcenas repartía supuestamente el dinero B. En una comparecencia pública, el exlíder popular negó cualquier irregularidad en las cuentas del PP y defendió su gestión como secretario general y la de sus antecesores.
