Un momento del pleno extraordinario celebrado ayer en el Consistorio sevillano. / Pepo Herrera De una tacada, en solitario, en el último Pleno antes de las vacaciones, y, eso sí, a menos de un año de las elecciones municipales, así aprobó ayer el Gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) tres importantes ordenanzas municipales: la de contaminación acústica, de limpieza y de circulación. La mayoría del PP dio luz verde a unas normas que no cuentan con el consenso ciudadano y que, sin embargo, llevan muchos meses tramitándose. Por eso ayer la oposición no entendía las prisas. Y es que la ordenanza de Circulación fue introducida en el Pleno por la vía de urgencia, por lo que el texto les llegó a PSOE e IU minutos antes de que empezara. Su aprobación inicial se produjo en febrero y ya entonces saltaron las alarmas porque, entre otras cosas, se prohibía aparcar en el mismo sitio durante cinco días seguidos, punto que retiró el PP. El texto aglutina las normas de peatones y ciclistas, de zona azul y de transporte público y, por ejemplo, reduce la velocidad límite de las bicicletas de 20 a 15 kilómetros por hora y crea la figura de las «zonas», como aquellas en las que sólo se podrá circular en coche a 30 o 20 kilómetros por hora. Según el edil de Movilidad, Juan Bueno, el texto es «sustancialmente» el mismo de febrero, si bien fueron «corregidos» ciertos aspectos. «Espero que no tengamos ninguna sorpresita», dijo el portavoz del PSOE, Juan Espadas, cuyo grupo se abstuvo. IU votó en contra y su edil Josefa Medrano tildó de «vergüenza» lo ocurrido. «Nos piden un acto de fe y yo no soy religiosa», ironizó. La mayoría del PP también aprobó ayer la ordenanza Contra la Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones tras un debate en el que PSOE e IU criticaron la falta de consenso y consideraron un retroceso que se pueda abrir bares con música colindantes con viviendas, que no se consideren los veladores como emisores de ruido y que Sevilla lleve un año sin medir los ruidos por las noches, ya que los inspectores de Medio Ambiente acaban su jornada a las 15.00 horas. Dolores Dávila (dirigente del PA) y Emilia de la Serna, miembros de la plataforma nacional contra el ruido, fueron desalojadas del Pleno al dirigir al alcalde frases como: «Gracias por condenarnos a más ruido», «léase el artículo 12». Minutos antes, Zoido sostuvo que hay un «amplio margen» para lograr más consenso en la elaboración del reglamento que desarrolle la ordenanza, recordó que se ha aceptado el 40 por ciento de las alegaciones y defendió que la Policía Local (cuyo sindicato mayoritario rechaza la norma) sale reforzada. Insistió en que era difícil abordar este asunto y que ni PSOE, ni PA ni IU lo hicieron en 12 años. En cuanto a la ordenanza de limpieza, el debate se centró en el artículo 102 que obliga a los hosteleros a entregar los aceites usados de forma gratuita a una empresa seleccionada por Lipasam a través de un concurso público. PSOE e IU criticaron duramente que un negocio de 4,5 millones se lo lleve una sola empresa poniendo en peligro a 30 pymes y alrededor de 300 puestos de trabajo, como apunta la asociación nacional de gestores de estos residuos. Por contra, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez especialmente exaltado en este Pleno defendió que sólo hay seis gestores autorizados que operen en la ciudad y «cabe la hipótesis de que no todos los hosteleros entreguen sus aceites usados» poniendo en peligro la cadena alimenticia y generando un problema ambiental. El delegado incluso aludió a la intoxicación de la colza y al caso de la familia fallecida por el mal reciclado de los tapones de plástico de Alcalá. Unas alusiones que no gustaron a la oposición: «Si tiene sospechas o dudas, vaya al juzgado. Usted ha creado un problema que no había», espetó el portavoz de IU, José Manuel García. Vílchez no concretó cuándo se instalarán los contenedores para el reciclaje del aceite doméstico pendientes desde hace un año, un «verdadero problema» para PSOE e IU.