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El PP arropa a Camps pese a saber que será juzgado por recibir trajes

El presidente valenciano se sentará en el banquillo por un cohecho impropio pasivo al haber indicios racionales de delito.

el 15 jul 2011 / 10:21 h.

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Después de más de dos años de instrucción de la causa de los trajes, derivada de la trama Gürtel , el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, será juzgado por un delito de cohecho impropio pasivo, tras estimar el magistrado instructor de la causa en Valencia, José Flors, que a día de hoy subsisten indicios racionales de hechos de apariencia delictiva. El juez entiende que el objetivo de los regalos era "ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor de las personas así obsequiadas".

Así lo concreta Flors en un auto con fecha de ayer, contra el que no cabe recurso, y en el que ordena la apertura de juicio oral. Junto a Camps, se sentarán en el banquillo los otros tres imputados en esta causa: el ex secretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa; el exvicepresidente del Consell, Víctor Campos; y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.En este mismo escrito, el magistrado indica que los cuatro imputados deberán prestar una fianza -para asegurar las responsabilidades pecuniarias- equivalente a la multa solicitada por el ministerio fiscal y un tercio más, es decir, de 55.000 euros para Camps , Costa y Betoret -la Fiscalía les requiere 41.250 euros de multa-; y de 46.666 para Campos -el ministerio le pide 35.000-. En caso de que no satisfagan el pago, se procederá al embargo de sus bienes.

Según recoge el magistrado como elementos indiciarios, entre los años 2005 a 2008, Álvaro Pérez -presidente de Orange Market- y Pablo Crespo -encargado de gestionar un grupo de sociedades dedicadas a la inversión especulativa y a la prestación de servicios-, presuntos cabecillas de la trama Gürtel, asumieron el pago de trajes confeccionados a medida de las tiendas Milano y Forever Young, calzado y otras prendas de vestir de personas que desempeñaban cargos y funciones de responsabilidad en instituciones y organismos de la Generalitat: Camps, Costa, Campos y Betoret.

Salvo cuatro trajes procedentes de Milano que Camps devolvió al sastre José Tomás, empleado primero en este establecimiento y luego en Forever Young -porque consideró que no le venían bien-, todas las demás prendas elegidas y encargadas por los imputados fueron recibidas y aceptadas por ellos "a sabiendas de quién asumiría el pago de su importe", según el juez.

El precio de estas prendas obsequiadas fue satisfecho por Pablo Crespo con dinero procedente o con cargo a las cuentas de alguna de las sociedades del grupo dirigido por el empresario Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel.

Apoyos. A pesar del auto que sienta en el banquillo a Camps, los populares no dudaron ayer en arropar al presidente valenciano. El Gobierno de Valencia dijo que "no comparte" el auto del juez y aclaró que "no hay ninguna variación política" y que el Consell continuará trabajando con "total e incondicional apoyo" al presidente, que se plantea cumplir el mandato de cuatro años que le dieron las urnas. Asimismo, miembros de la dirección nacional del PP indicaron que la decisión del juez era algo "casi asumido" en Génova -sede del PP-, que no se plantea tomar ninguna medida contra Camps, porque confían en su inocencia.

Más contundente, si cabe, se mostró la alcaldesa de Valencia, la popular Rita Barberá, quien aseguró que cree que el presidente valenciano "ni consciente ni inconscientemente, ha cometido ningún delito". Asimismo dijo estar disgustada por una resolución que "se veía venir" y que llega tras "dos años y medio de sufrimiento que se ha inferido a una persona honesta como es el presidente Camps por haber recibido unos regalos en su condición de político". "Habrá que plantearse que tire la primera piedra el político que no haya recibido ningún regalo, lo dije en su momento y lo repito", remarcó.

Sin embargo, y como era de esperar, desde el resto de formaciones políticas no fueron tan condescendientes con Camps. El secretario de Política Municipal del PSOE , Antonio Hernando, exigió al presidente del PP, Mariano Rajoy, que aclare si sigue apoyando a Camps, y le pidió que lo sustituya "lo antes posible". Además, subrayó que, llegado "a este punto", debe aclarar Rajoy si "cree conveniente que Camps siga siendo presidente" de los valencianos, teniendo en cuenta que esta causa es sólo "el principio del calvario judicial" que le espera al presidente valenciano.

En la misma línea se pronunció el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, al exigir a Rajoy, que "asuma su responsabilidad política" y pida al presidente de la Generalitat valenciana que "presente su renuncia".


La que también pidió la marcha de Camps fue la diputada de Compromís , Mónica Oltra, quien dijo que la apertura de juicio oral al presidente de la Generalitat era "una crónica anunciada, puesto que las evidencias eran abundantes y contundentes" y reclamó al PP que, si Camps no dimite, presente una moción de censura en Las Cortes Valencianas para cesarlo.

El portavoz del Gobierno nación, José Blanco, sin embargo, estuvo más comedido al decir que el Ejecutivo no opina sobre el auto judicial que sienta en el banquillo a Camps por respeto y porque "lo relevante es lo que pueda opinar el señor Rajoy".

El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, también optó por la prudencia y evitó valorar el auto para ser "extraordinariamente respetuoso" con los procesos judiciales y no entrar en "el rifirrafe" entre partidos.

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