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El PP asegura que Monteseirín y Zarrías están "hasta las cejas" en el "mayor escándalo de subvenciones de España"

el 05 feb 2011 / 13:33 h.

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El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Sevilla Beltrán  Pérez ha afirmado este sábado que el alcalde de Sevilla, Alfredo  Sánchez Monteseirín, y el secretario de Estado de Cooperación  Territorial, Gaspar Zarrías, están "hasta las cejas", apuntado a la  implicación de la "familia política socialista en Jaén", en el "mayor  escándalo de subvenciones públicas de España", en referencia al caso  Mercasevilla y a la trama de subvenciones públicas que está siendo  investigada.

En rueda de prensa, Pérez ha afirmado que se está ante una  "corrupción generalizada, institucionalizada en la Junta de Andalucía  y en el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, al calor del  poder que ha ejercido el PSOE en Sevilla y en Andalucía con un  escenario conocido, consentido y amparado por los primeros espadas de  este escándalo".


"Nunca se ha planteado en España una situación así sobre gestión  de ayudas públicas, tanto por la cuantía (más de  millones), como por  el periodo investigado (superior a ocho años) o por el número de  personas", añade. Pérez recuerda que estas investigaciones sobre las  ayudas de la Consejería de Empleo a las empresas con problemas es  "sólo un bloque" del caso Mercasevilla, que supone un "escándalo de  corrupción de escala monumental con epicentro en el Ayuntamiento de  Sevilla, en la Junta de Andalucía y en la sede del PSOE".

En este sentido, apunta directamente a la responsabilidad "clara"  de Sánchez Monteseirín, Zarrías y del ex presidente de la Junta de  Andalucía, Manuel Chaves, aunque no descarta otros implicados. "El  PSOE tiene el agua al cuello a nivel judicial, con la implicación de  instancias superiores", recalca Pérez, que insiste en que "aún queda  mucho por conocerse" y no descartan nuevas detenciones.

Tras lamentar que "aquí, pase lo que pase, no dimite nadie",  afirma que los autos han confirmado "punto por punto" los escenarios  que había dibujado el PP de Sevilla desde hace dos años en cuanto a  personas implicadas y hechos. "La confirmación de estas implicaciones  es un fracaso para la democracia y los juzgados deben poner coto a  estas actitudes", añade Pérez, que critica a los que dicen que el PP  pretende judicializar la política cuando "sólo actúa como garante y  ellos son los que corrompen la política".

En este marco, advierte de que "aún queda mucho por conocerse,  porque esto no ha hecho más que empezar," y afirma que en la  Consejería de Empleo "seguro que habrá más actores de actualidad  política implicados, pero se irá viendo con el tiempo". Pérez lamenta  que el actual consejero de Empleo, Manuel Recio, "tape y encubra  todos estos hechos de importancia".

EXPLICACIONES DE VIERA "SIN AMENAZAS"

Pérez insiste en que en el Ayuntamiento "por encima de Manuel  Marchena sólo queda Monteseirín, mientras que en el PSOE de Sevilla  queda José Antonio Viera, situando la responsabilidad en el segundo  escalafón tras los máximos responsables". "Esa responsabilidad  judicial que tienen en el cuello, está políticamente definida en  Monteseirín, Chaves, Zarrías y ahora Griñán", concluye.

Igualmente, pide al secretario general del PSOE sevillano, José  Antonio Viera, como responsable de Empleo de la Junta de Andalucía  entre 2000 y 2004 que dé explicaciones sobre su gestión, "pero no con  negativas vacías y amenazas con querellas, sino con la verdad". Pérez  recuerda que en noviembre de 2010 Viera aseguró que "en 48 horas  daría explicaciones sobre las investigaciones abiertas, tras estudiar  el ajuste a derecho, y han pasado ya más de 48 días sin que lo haya  hecho".

Así, pide que explique que pasó con Santonjo y el por qué se  incluyó en el ERE de Mercasevilla y deja claro que "esos movimientos  de dinero eran conocidos por instancias superiores, más allá del  director general de Empleo, ya que las aprobaciones eran competencia  exclusiva del consejero".

"Mientras que se endurecen las condiciones de las jubilaciones y  se recortan los derechos de los jubilados, los mismos que recortan  esos derechos son los que corrompen las políticas de empleo y están  implicados en los hechos", sentencia.

Por último, indica que su grupo continuará ejerciendo una "labor  de denuncia de la corrupción, aunque nos amenacen, porque nuestra  obligación como cargo público es llegar al final". Así, señala que es  la "obligación más desagradable" que ha tenido como concejal, pero  que desde el PP se continuarán impulsando investigaciones en este  caso a pesar de los "insultos, querellas, denuncias, amenazas veladas  y presiones de todo tipo" que han sufrido.

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