El PP ha calificado hoy de "farsa y paripé" el despido del ex director adjunto de Mercasevilla, Daniel Ponce, y la ha atribuido a un "pacto de silencio" para protegerle y permitir que cobre una indemnización millonaria.
El concejal popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vilches, ha indicado en un comunicado que ese despido se ha adoptado "a pesar de que todos tenían conocimiento de la prescripción de la falta" que se le atribuía a Ponce.
Sin embargo, el Ayuntamiento sólo actuó tras la denuncia del PP y porque sabían que una decisión judicial lo calificaría de improcedente, ha agregado el concejal.
Vilches ha señalado que "es cierto que, según el Estatuto de los Trabajadores, las faltas prescriben a los seis meses y tan solo a los dos meses a partir de que la empresa tenga conocimiento de la irregularidad".
Pero "tal y como es ha llevado el proceso, esto evidencia una vez más la existencia de un pacto de silencio para proteger en todo momento a Ponce", ha apuntado Vilches.
El concejal considera que el anuncio por parte de Ponce de que va a recurrir su despido "es un paso más de la farsa y el montaje llevado a cabo entre Mercasevilla, Ponce y Gobierno Municipal para tratar de tapar el escándalo de Mercasevilla".
"La empresa conoció desde el primer momento las irregularidades de Ponce", según el concejal del PP, quien agrega que "a pesar del carácter sindical de la mayoría de los protagonistas, no hicieron absolutamente nada y permitieron que transcurriera el tiempo para que la falta prescribiera".
Según el concejal popular, sólo se actuó cuando dijeron que Ponce cobraría una prejubilación de casi un millón de euros y sabiendo que tras el despido "no pasaría absolutamente nada" porque se declararía improcedente y debería cobrar el dinero que le correspondía.
"Para el Gobierno municipal, el montaje es perfecto", según Vilches, ya que "tienen contento a Ponce porque continuará cobrando un sueldo y después una indemnización desproporcionada, y por otra parte, se lavará las manos ante la opinión publica porque trataran de vender que esta situación se debe a una decisión judicial y no una decisión municipal".
