Preguntada por este asunto en rueda de prensa, la portavoz del PP en la Cámara, Esperanza Oña, tildó la pregunta de "sectaria" y se negó a hacer una valoración al respecto. "Usted no me pregunta por los 70 imputados que tiene el PSOE", le espetó al periodista que la interrogó. "No voy a entrar. Lo que me pregunta es absolutamente irrelevante", añadió. Lejos de responder, insistió en que la "vara de medir" la corrupción del PP es el "escándalo" de los ERE pagados con fondos públicos. Su partido -dijo- no va a "tapar a nadie", pero precisó que "hay magnitudes, tamaños y dimensiones" en lo que respecta a unos y otros casos.
Por este asunto están imputados, además de Reyes, el que fuera alcalde del municipio alpujarreño -de 3.800 habitantes-, el popular José Rubio, la exconcejal de Asuntos Sociales Francisca Gallardo -hoy los tres son ediles en la oposición- y la secretaria general del PP en Lanjarón, Sonia Gutiérrez Quiles, a los que la jueza atribuye un posible delito de falsedad electoral.
Según consta en la exposición razonada de la instructora, a la que tuvo acceso Europa Press, existen "indicios" de que a finales de enero de 2007 el entonces alcalde y las otras tres inculpadas participaron en el empadronamiento de unas 100 personas "con el fin de incluirlas en el censo electoral para su participación en las elecciones".
Muchos de estos empadronamientos "no se correspondían con la realidad", ya que los protagonistas no residían en el pueblo. De hecho, algunos fijaron su residencia en el propio domicilio de los imputados y algunos de ellos "se dieron de baja en el padrón una vez celebrados los comicios", según se desprende de las diligencias practicadas por la jueza. Los socialistas de Lanjarón denunciaron que el intento de pucherazo podría haber alterado el resultado de las elecciones, ya que la victoria del PSOE sobre el PP fue muy ajustada (71 votos de diferencia).
Mientras el PP andaluz eludió valorar la imputación de su parlamentaria, los socialistas le exigieron explicaciones. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, dijo que imagina que el PP colaborará con la justicia y que "no ocultará los datos". La consejera de la Presidencia y portavoz, Mar Moreno, instó al partido de Javier Arenas a que "tome su propia medicina" y dé cuenta de por qué "un cargo público que cuenta con su confianza y con su apoyo está implicado en un caso de fraude".
También el portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, reclamó explicaciones "inmediatas" al líder de los populares. "Arenas tiene que comparecer inmediatamente y dar una nueva muestra de eso que predica o, más bien, de que jamás hace lo que predica", señaló Jiménez, quien criticó "la doble vara de medir y la doble moral" del PP. A su juicio, si se demuestran los hechos por los que se le acusa, la parlamentaria popular debería renunciar a su acta. IU exigió a los populares "firmeza" en un asunto que consideró "muy grave".
Por su parte, el PP de Granada demandó al TSJA que resuelva "cuanto antes" un caso que se "lleva ya investigando cuatro años". El PSOE lo denunció en 2007, pero la investigación se ha prolongado en el tiempo entre otras cosas por el cambio de juez. El portavoz popular en la Diputación, José Antonio Robles, puso el acento en que se desconoce "a quién votaron esas personas" presuntamente empadronadas de forma fraudulenta.
