La Fundación DeSevilla, nacida en abril de 2005 y que gestionaba proyectos de cooperación directa y el programa de alfabetización Yo sí puedo, será suprimida y disuelta. La medida, que ya fue anunciada por el PP en campaña, cuenta con un nuevo aval: un informe del interventor que viene a ratificar el desequilibrio de 1,5 millones existente en la empresa, que invita a disolver la sociedad y que incluso abre las puertas a tomar medidas contra los anteriores administradores.
Este análisis y el Expediente de Regulación de Empleo realizado en la plantilla tras las elecciones fueron ayer esgrimidos por el gobierno local para anunciar la "liquidación ordenada" de este organismo y medidas contra sus gestores. Al mismo tiempo, el gobierno advirtió de que "no hay constancia" de que en el traspaso de poderes se haya advertido de la situación de la sociedad que gestionó IU. Así lo planteó el portavoz municipal, Francisco Pérez.
Sin embargo, el agujero que detecta la Intervención en la Fundación de Sevilla en un informe encargado por el PP y fechado el 29 de junio no es un nuevo desajuste económico. Es el mismo que tuvo que ser admitido por el propio gobierno anterior y que incluso se intentó resolver. Fue en el pleno del pasado mes de abril, cuando se aprobó una modificación presupuestaria de 967.000 euros, que unida a las subvenciones que debía reintegrar y al dinero presupuestado en 2011 -que no se emplearía en proyectos- debía servir para sanear las cuentas. Pero el interventor puso reparos entonces y el cambio de gobierno frenó la transferencia del dinero. Así se lo informó el gerente de la Fundación DeSevilla, Miguel López Adán al PP en un tardío traspaso de poderes que se concretó entre finales de junio y principios de julio: "Queda pendiente de su aprobación en la Junta de Gobierno e interesaría su resolución definitiva para el reequilibrio patrimonial así como para la incorporación de la tesorería necesaria para el segundo semestre del ejercicio actual".
Ésa era la opción escogida por el anterior gobierno: sanear las cuentas de la Fundación aunque sea a costa de modificaciones presupuestarias y del rechazo de la Intervención con el argumento de que el desequilibrio se había producido por problemas en la tramitación de subvenciones que habían obligado a adelantar unas cantidades que luego no se recuperarían por problemas en las justificaciones o en los plazos. El planteamiento del PP, sin embargo, pasa por disolver la fundación. "Aportar más de un millón de euros no está entre nuestras prioridades", apuntó Pérez. Y cuenta de hecho con el respaldo expreso del interventor, que apunta en su informe la existencia de desajustes en las subvenciones y problemas de justificaciones de las ayudas.
A esto se añade una irregularidad de fondo: "La gestión realizada ha dado lugar a la realización de gastos que no pueden ser objeto de las subvenciones que nominativamente se han venido contemplando en los presupuestos". Según el interventor, sanear las cuentas, como pretendía IU, supone asumir gastos incorrectos. A partir de ahí, el gobierno estudia pedir responsabilidades y el informe de Intervención puede servir para fundamentar algunas: "Hay importantes incertidumbres sobre la continuidad de las operaciones de la Fundación por el deterioro de su situación financiera y patrimonial así como por las debilidades del sistema de control interno y la falta de respuesta de los proveedores a la solicitud de saldos y operaciones".
Los problemas se remontan a 2007. De ese año, la fundación debe más de 70.000 euros. De 2009, 742.500 euros a los que renunció en abril de 2011; de 2010 se deben 73.155 mientras que otra partida de 915.032 euros no llegó ni a salir del Consistorio. Lo mismo ha ocurrido con los 640.000 euros de 2011 que no llegaron a transferirse.
MONTESEIRÍN ACELERÓ EL CONTRATO DE CASTAÑO
La situación laboral de la Fundación DeSevilla sufrió un vuelco tras las elecciones. Por un lado, por la reincorporación de un exalto cargo socialista, persona de confianza de Alfredo Sánchez Monteseirín e imputado en el caso Mercasevilla. Domingo Enrique Castaño pidió la excedencia voluntaria en septiembre de 2007. Se le concedió verbalmente. Entre finales de 2010 y principios de 2011 una vez absuelto del caso Unidad comunicó su intención de regresar a la fundación como asesor jurídico. Para ello, tuvo que pasar primero una prueba jurídica: el secretario de la fundación avaló que tenía derecho a la plaza pero que su regreso quedaba supeditado a que se convocara una plaza similar para la que él tendría prioridad o a un acuerdo entre las partes. Monteseirín optó por precipitar ese acuerdo. Tras los comicios dio instrucciones a la fundación para que se reincorpora y la dirección -a la que aún no había llegado el PP- lo aceptó. Castaño lleva desde antes del verano como asesor jurídico con un sueldo de 2.500 euros al mes.
No fue el único que reclamó su regreso. También lo hicieron otros como Blas Ballesteros -caso muy distinto- que contaba con informes jurídicos favorables para volver a su puesto y al que se le ha reconocido una plaza a la que podrá optar a partir del 28 de septiembre. El otro cambio brusco fue el recorte de plantilla. IU optó por zanjar todos los contratos laborales sujetos a programas. Había 12 con carácter ya indefinido y cuatro eventuales. Para resolverlo se aprobó un ERE con la indemnización de 20 días por año.
"Quisimos arreglar la situación y ahorrar costes.Si no lo hubiéramos hecho, el desembolso hubiera sido mayor". El ERE se inició después de las elecciones y se comunicó al PP en el tardío traspaso de poderes. Así lo recoge el documento fechado el 7 de julio: "En junio se procedió a la finalización de los contratos laborales relacionados con la ejecución de programas financiados con cargo a subvenciones del Ayuntamiento". Cesaron siete encargados del Yo sí puedo, dos de la Oficina de inmigrantes, dos de La Colmenita y cinco del servicio de coordinación de subvenciones.
