El PP cifra en 7.000 millones el ahorro con las reformas de Rajoy

Los populares exigen información sobre los 36 observatorios andaluces en vigor.

el 24 jun 2013 / 22:00 h.

El Partido Popular cifró ayer en 7.000 millones de euros de ahorro la reforma de la administración autonómica según el plan presentado por el Gobierno central. El documento, que fue aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros y al que la mayoría de las comunidades han objetado, les pide que eliminen más de 90 observatorios, sus defensores del Pueblo, sus tribunales de cuentas y otros entes y agencias públicas. El vicesecretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, defendió ayer que en Andalucía, donde contabilizó más de 300 entes públicos, todavía hay margen para reducir el sector público. Según los datos difundidos por el PP, desde que José Antonio Griñán accedió a la presidencia de la Junta, en 2009, se han creado 74 nuevos organismos. Los datos defendidos por la Junta, que ya en la anterior legislatura llevó a cabo una amplia reforma de sus empresas públicas, señalan que se han suprimido ya 113 organismos y 294 directivos en toda Andalucía, con un ahorro de unos 200 millones de euros. Fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública pusieron en duda el ahorro defendido por el PP-A y recordaron que el plan del Gobierno ni siquiera tiene memoria económica. La Junta recordó que todo el capítulo 1 del Presupuesto, dedicado a pagar gastos de personal y nóminas, supone 10.000 millones de euros, por lo que para ahorrar 7.000 millones prácticamente habría que desmontar la autonomía. El PP coincide con el Gobierno de PSOE e IU en que en Andalucía no cabe la supresión del Defensor del Pueblo o de la Cámara de Cuentas. Ambos órganos de extracción parlamentaria están definidos en el Estatuto de Autonomía. Lo que sí defendió el número dos del PP andaluz es la propuesta, incluida en el último programa electoral de su formación, de que se reduzcan las estructuras administrativas de estos organismos. Es más posible en elDefensor, donde existe un mayor número de asesores puesto que en el organismo de control financiero la mayoría son funcionarios. La reforma de la administración presentada por el Gobierno central tiene una de sus mayores fuentes de ahorro en la supresión de empleo público. No obstante, el número dos del PP andaluz dijo no tener datos sobre qué impacto en números de puestos de trabajo tendría esta reforma en Andalucía si se ejecuta íntegramente como recomienda el Gobierno central. Sanz insistió en que “no se trata de despedir sino de reorganizar”. El PP puso el acento en líneas del plan del Gobierno como la supresión de arrendamientos de edificios públicos, que en Andalucía suponen al año un montante de 71 millones de euros. También defienden que se suprima parque móvil de la Junta y que se reforme la ley de subvenciones para que haya un mayor control. Asimismo, Sanz abrió la puerta a la posibilidad de una reforma del Parlamento andaluz que reduzca el actual número de diputados. El PP-A se ha dirigido a la Cámara para exigir información de presupuesto y actividad de los 36 observatorios que tiene la Junta en vigor. La posición del Gobierno andaluz frente a esta reforma oscila entre el rechazo frontal que muestra IU y la disposición al diálogo que exhiben dirigentes socialistas. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), rechazó lo que, a su juicio, es un “chantaje” a las comunidades. Valderas insistió en que Andalucía peleará por obtener un techo de déficit del 2,2% y lamentó que la reforma del Gobierno se lance desde una posición de “presión o chantaje bajo el garrote vil del déficit”. La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, reclamó un “gran pacto” para afrontar el futuro de las administraciones públicas y lamentó que el Gobierno no haya contado con la participación de las comunidades como se acordó en la Conferencia de Presidentes.

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