El concejal popular José Miguel Luque denunció ayer que a propuesta del vicepresidente del Instituto Municipal de Deportes (IMD), Francisco Manuel Silva, se ha aprobado por vía de urgencia un reconocimiento de crédito por valor de 858.922 euros de 125 expedientes de diferentes proveedores.
Esto es, una deuda por ese importe del instituto con ciertas empresas. En rueda de prensa Luque afirmó que, además, no ha habido concurso, por lo que no existen expedientes de contratación, con lo que "todas las contrataciones que se llevan a reconocimiento de crédito son contratos irregulares, sin expediente, sin concurso y sin control de ningún tipo".
Con esta nueva denuncia, el PP arremete contra Silva (IU), cuestionado en los últimos tiempos, primero por la desaparición de la cubierta de la Copa Davis y la gestión de la obra del pabellón de La Paz y, después, por supuestos casos de abusos contra trabajadores del instituto.
El concejal del PP citó al interventor delegado del IMD en el "acuerdo aprobado el jueves y presentado por Silva", y dijo que "no consta que se haya incoado en su momento expediente de contratación por los servicios respectivos con las formalidades que prevé el reglamento de contratación del Ayuntamiento de Sevilla". Para Luque, esto es indicio de que todos estos proveedores son contratados "a dedo", por lo que "no existe garantía alguna sobre si estas empresas son las mejores para los intereses del Ayuntamiento".
Además, el popular denunció que "Silva, con permiso del alcalde, "ha guardado en sus cajones" facturas sin pagar desde el año 2002 procedentes de "actuaciones previsibles", como el suministro de gas o de servicio de limpieza, entre otras. Luque añadió que el IMD lleva a reconocimiento de crédito los más de 858.000 euros para que los proveedores puedan cobrar los servicios prestados, procedimiento que "debería ser excepcional, pero que Monteseirín y su gobierno lo están convirtiendo en una norma" y ha preguntado que qué pasará si "ahora las empresas empiezan a pedir intereses de demora".
El concejal del PP sostuvo que el pasado año el alcalde pidió un reconocimiento de crédito por seis millones, de los que tres se hicieron al final de la legislatura. Para Luque, esto sucedió una vez que el interventor había computado las deudas y, por tanto, el alcalde cometió "un fraude presupuestario en el que se escondían facturas para disfrazar la situación económica y financiera y escapar de los controles".
