El consejero de Vivienda se esforzó ayer por explicar que la enmienda socialista la ley urbanística para agilizar la declaración de los campos de interés turístico no modifica el decreto de golf "por la puerta de atrás", como dicen UGT y PP. Sí reconoció que viene a resolver una "laguna".
El cambio vendrá por una enmienda al proyecto de ley de medidas de impulso económico que -junto a otras 22 enmiendas relativas a deducciones fiscales, exenciones tributarias y normativa medioambiental- fue aceptada ayer en la Comisión de Economía para su posterior debate en el pleno del Parlamento.
Se trata de regular en la ley de ordenación del territorio de 1994 la figura de los campos de golf de interés turístico, prevista en un decreto que costó mucho consensuar con sindicatos y empresarios, enfrentó inicialmente a las Consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas con Turismo y el PP siempre ha considerado innecesario por considerar que ya había legislación suficiente para regular estas instalaciones en la normativa urbanística y medioambiental.
A petición del PP, el titular de Vivienda, Juan Espadas, compareció en el Parlamento para reiterar que el decreto no se cambia y que las exigencias de calidad para estos campos son las mismas -su interés radica en que son los únicos en los que se permitirán viviendas-.
Reconoció, no obstante, que "en el decreto había una laguna". "No era razonable que el Consejo de Gobierno diera el visto bueno a la declaración de interés turístico de un campo de golf y que éste tuviera que esperar a la aprobación de un plan de ordenación subregional que contemplara el proyecto", dijo. Y cuestionado por el diputado popular Jorge Luis Ramos el por qué no se modificaba entonces el decreto, aprobado en febrero, consideró "sensato" que se incluya en una ley de medidas económicas porque "tiene incidencia económica".
El PP ve en la enmienda una modificación "por la puerta de atrás" del decreto porque "llega la crisis" y hay que agilizar posibles inversiones, y denuncia que la decisión quede al arbitrio de la Junta. Una opinión que coincide con la de UGT, que consensuó el decreto con CCOO, la CEA y la Junta y que denuncia que esa vía del consenso se ha roto. Para el sindicato, se somete la aprobación de proyectos "a la arbitrariedad de algunos, que además se pueden equivocar". Sólo los empresarios defienden el cambio como "lógico y necesario".
