El PP de Madrid prevé privatizar el ente público Telemadrid "en cuanto la ley lo permita". Así lo propondrá en la ponencia Sociedad y Libertad que los populares presentarán en su Congreso los días 19 y 20 de septiembre.
Lo ha anunciado la senadora del PP Beatriz Elorriaga -una de las autoras de la citada ponencia, junto a la consejera de Educación madrileña, Lucía Figar y al alcalde de Alcobendas, Ignacio García Vinuesa- durante la presentación de las medidas sociales que promoverá el PP de Madrid. "Estamos a favor de que se privatice el ente público y en cuanto la ley lo permita, el objetivo político del partido y del Gobierno, si es que ostenta sus responsabilidades, es proceder a su privatización", matizó Figar.
Elorriaga aseguró que el PP "está en contra de los medios de titularidad pública", en tanto que la información tiene que estar "en manos de la iniciativa privada", por lo que, "en cuanto la ley lo permita", impulsará la "privatización" de la radio y la televisión pública madrileña. La norma que impide por el momento la privatización de Telemadrid es la Ley del Tercer Canal, según indicó.
Además, la ponencia popular defiende la "más amplia libertad de información, para favorecer la pluralidad y la competencia".
Frente a ello, el Ministerio de Industria Turismo y Comercio declaró ayer que "no se ha planteado" privatizar ningún canal autonómico. Fuentes del gabinete aseguraron que, a día de hoy, no han recibido ninguna petición relativa a este apartado y, por lo tanto, este tema no se había planteado "nunca".
Y al respecto, recordó que la petición de Telemadrid choca con los artículos seis y nueve de la Ley 46/1983 que obliga a gestionar la cadena a través de una sociedad anónima. El artículo seis explica que "la gestión que se concede a las comunidades autónomas no podrá ser transferida, bajo ninguna forma, total o parcialmente, a terceros, correspondiendo directa e íntegramente el desarrollo de la organización, ejecución y emisión del tercer canal a la sociedad anónima constituida al efecto".
Asimismo, el artículo 9 establece las bases de los canales autonómicos, obligando a que "la gestión mercantil del servicio público de televisión del tercer canal se realice por una sociedad anónima". Además, señala que dicha sociedad anónima "se regirá por el derecho privado, sin mas excepciones que las previstas en la legislación vigente".
A esto se une la oposición de IU-Comunidad de Madrid. La asociación de canales privados fue la única que celebró la propuesta.
