24 horas después de que Chaves sugiriera que la sentencia que permite objetar a Educación para la Ciudadanía (EpC) se había hecho pública en plena campaña para dañar la imagen del Gobierno socialista, la comunidad de Madrid (PP) anunció ayer que se apoyará en el fallo del TSJA para eximir a sus alumnos objetores de asistir a clase, en un claro desafío a la Ley Orgánica de Educación.
Ciudadanía no se impartirá en los colegios madrileños hasta el curso que viene. Los alumnos que decidan objetar a la asignatura por sus convicciones religiosas o ideológicas quedarán exentos de cursarlas y no serán evaluados, según el anuncio que hizo ayer el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP). La consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, anunció ayer que seguirán el criterio de la sentencia del TSJA en contra de lo dispuesto en la Ley de Educación (LOE).
El fallo andaluz sólo exime de asistir a EpC al niño de Huelva que recurrió la materia, pero la consejera considera que los argumentos del TSJA son "de carácter universal y de plena validez". Mientras el Tribunal Supremo no se pronuncie, "Madrid hará una lectura de la ley intentando compatibilizar la obligación legal con la estimación positiva de las objeciones". Figar dijo que dará "instrucciones" a los colegios para que los objetores estén atendidos por un profesor fuera de clase, en la biblioteca o haciendo trabajos. "No se les puede dar clases extra de ninguna asignatura porque sería discriminatorio con el resto", dijo.
Inhibirse. Según la LOE, EpC es obligatoria y evaluable, por tanto no examinar a los alumnos de esta materia es, a priori, ilegal. El Ministerio de Educación entendió que el anuncio del PP de Madrid era un "desafío" a la ley. "Es una decisión irresponsable porque hace un llamamiento al incumplimiento de una ley orgánica aprobada por el Parlamento", explicaron fuentes del ministerio, "es irresponsable porque se apoya en una sentencia que va a ser recurrida y que es contradictoria con las de Asturias y Cataluña".
Ningún partido político, a dos días de las elecciones, ha dejado la sentencia del TSJA exclusivamente en manos de la justicia. Ayer, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, tildó de "inauditas" las palabras de Manuel Chaves y descartó que el tribunal tuviera "razones políticas" para anunciar el fallo en plena campaña, como había dejado entrever la víspera el presidente de la Junta. "Achacar razones políticas a las resoluciones judiciales supone descalificar la actividad de los jueces", dijo López.
Sin embargo, después de que Chaves sembrara dudas acerca del supuesto intervencionismo de la sentencia del TSJA en la campaña, El País desvelaba que el juez que ha fallado contra EpC es el hijo del fundador honorífico del Foro de la Familia, una de las instituciones más beligerantes con EpC por considerar que sirve para adoctrinar a sus hijos. Chaves dijo ayer en la Cadena Ser que el juez "debía haberse inhibido" en la causa al ser parte interesada por la relación con su padre, que ha manifestado su aversión por la materia. Pero, tanto la Consejería de Educación como la Fiscalía eran parte demandante en este juicio y ninguno creyó oportuno recusar al juez porque, según dijeron, las convicciones propias no deben afectar a la imparcialidad.
