El PP presentó ayer formalmente la denuncia en el juzgado de guardia por el caso Mercasevilla. Pide la imputación del alcalde, Torrijos, Mir, Marchena y Antonio Rivas, así como de los ex directivos de la empresa. Acusa de delitos como coacciones, cohecho, tráfico de influencias y encubrimiento basándose exclusivamente en las publicaciones de los medios.
Siete delitos y ocho imputados. Éste es el contenido de la denuncia presentada ayer por el portavoz del PP, Juan Ignacio Zoido, en el juzgado de guardia por el caso Mercasevilla, que se basa exclusivamente en las publicaciones de los medios de comunicación, sin aportar nuevas pruebas al caso. Los populares consideran que "hay indicios más que racionales de que los hechos recogidos en la grabación y las declaraciones realizadas ante la Fiscalía pueden ser constitutivos de delito, siendo más que una posibilidad la participación en los mismos de los denunciados". Con esta actuación, los populares logran que el caso salga de la Fiscalía, una demanda expresada públicamente en repetidas ocasiones, así como que las diligencias ya realizadas sean trasladadas al Juzgado para iniciar una instrucción en la que el partido se podría personar y acceder así a todas las diligencias realizadas por la Policía Judicial.
La denuncia del PP no se limita a los ex directivos de la empresa que participaron en la conversación grabada por los empresarios del Grupo La Raza -Fernando Mellet y Daniel Ponce-, sino que también apunta a todas aquellas personas, que según el contenido de la grabación, son citadas: el delegado de Convivencia y Seguridad, Alfonso Mir; el vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico, Manuel Marchena; el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos; el ex consejero de la empresa y militante de la Agrupación socialista de Macarena, Domingo Enrique Castaño, -estos últimos mencionados en la cinta- y el propio regidor, Alfredo Sánchez Monteseirín.
Los populares centran las acusaciones contra el alcalde, según se recoge en la denuncia, en un supuesto delito de encubrimiento: "De no ser autor directo o cómplice de los hechos principales denunciados, es evidente que no sólo ha desatendido la obligación de denunciar los hechos que pudieran ser constitutivos de delito, sino que además ha desplegado toda la actividad posible para el encubrimiento de los hechos".
El PP incluye a un último imputado: el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, quien fue llamado a declarar ante la Policía Judicial tras la declaración realizada por Fernando Mellet ante la Policía Judicial. Los populares basan su imputación en que el ex directivo de Mercasevilla declaró que Rivas le instaba a pedir comisiones para "proyectos de la Junta", una afirmación que basan en lo que dicen "todos los medios de comunicación".
