El PP acusó el jueves en el Parlamento andaluz a la Consejería de Educación de dar un "tijeretazo" al servicio educativo con la derogación de la convocatoria de 11 planes de desarrollo en los colegios, a través de una orden de este departamento publicada el pasado 15 de septiembre en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Como ya adelantó este periódico, entre los proyectos que se encuentran suspendidos están dos de las grandes apuestas de la legislatura del departamento que dirige Teresa Jiménez, la implantación del programa de bilingüismo y de los centros con un ordenador por cada dos alumnos, los denominados TIC. Otros proyectos como los de coeducación, bibliotecas o convivencia también están en el aire.
Para el diputado popular Carlos Rojas, la Junta ha "perdido la credibilidad" al hablar de que la crisis no afectará a sus políticas sociales ya que, a juicio del PP, el "recorte" de los 11 planes se ha producido con motivo de la mala coyuntura económica. "Es grave quee haya caracolas y plazas sin cubrir, pero esto es un recorte claro, un tijeretazo a la educación", sostuvo Rojas.
La consejera, en cambio, negó la mayor. No explicó como ni cuándo pretende recuperar su departamento los planes cuya convocatoria han sido retirados sin die y se aferró a la idea de que los centros en los que ya están en vigor algunos de estos planes no se van a retirar. Lo que pretende la orden, según Jiménez, es dar "un paso más para avanzar en la calidad" de la educación replanteando su estrategia.
La consejera tuvo que responder en el Parlamento a otro de los frentes abiertos de su departamento. La Fiscalía de Sevilla ha abierto diligencias informativas para investigar las circunstancias que provocaron la publicación de nombres de menores objetores de la asignatura Educación para la Ciudadanía en el BOJA, según confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio Público.
La investigación, que ha sido abierta después de que lo solicitara por escrito el PP y una procuradora que representa los intereses de distintos padres implicados en el caso, se encuentra en una fase inicial de estudio de este caso por el que los nombres de casi un centenar de menores fueron publicados en el BOJA a través de 81 resoluciones de la Consejería. Su titular aseguró en el Pleno del Parlamento que, con esta actuación, no se han vulnerado los derechos los menores afectados.