El PP, que amenaza desde hace varios días con llevar el caso Mercasevilla al juzgado, anunció ayer su intención de presentar la denuncia en la mañana de hoy si antes no lo hace el alcalde. El Gobierno local rechaza tal posibilidad y subraya que la investigación está en manos de la Fiscalía y que debe ser ésta quien determine cómo actuar.
La decisión del PP se produce a raíz de la difusión del contenido de la grabación realizada por los empresarios del Grupo La Raza a los dos ex directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, en la que éstos solicitan supuestamente el pago de 450.000 euros como condición para la adjudicación de una subvención de la Junta de Andalucía para la instalación de una escuela de hostelería. Los populares cuestionan desde hace semanas el proceso que se ha llevado hasta ahora, ya que consideran que el caso debía estar ya en manos de un juez y no de la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra. Ésta abrió diligencias en febrero sin que hasta ahora haya decidido formalizar la denuncia. Tanto la Consejería de Empleo como el Ayuntamiento han rechazado realizar acciones judiciales hasta que la Fiscalía cierre las diligencias y determine si hay indicios suficientes de delito.
"Han pasado ya tres meses desde que el alcalde tuvo conocimiento de estos hechos y aún no ha presentado la denuncia. Ahora, además se ha difundido el contenido de la grabación, en la que aparecen nombres como Manuel Marchena, Antonio Rodrigo Torrijos y Alfonso Mir. Hay nombres que se repiten en el caso de las facturas falsas o en la adjudicación a dedo de una página web al primo del alcalde. Si el Gobierno local no lo lleva a los tribunales durante el día de hoy -en referencia a ayer- presentaremos nosotros la denuncia", explicó el portavoz del PP, Juan Ignacio Zoido, quien subrayó que no dispone de las grabaciones y que acudirá al juzgado sólo con la información de la que dispone y con lo publicado en los medios de comunicación. Los populares ya anunciaron hace más de una semana que denunciarían al Ayuntamiento por denegarle el acceso a una información relacionada con este caso requerida en el consejo de administración de la empresa Mercasevilla.
La portavoz del Gobierno, Maribel Montaño, reiteró que fue la Junta de Andalucía, tras contactar con el Ayuntamiento, la administración que puso el caso en manos de la Fiscalía. "Las diligencias las está realizando para armar un procedimiento judicial que llevar el caso ante el juez. Hay que dejar a la Justicia actuar. Si el PP tiene más pruebas, puede irse a los tribunales".
Montaño sí anunció que el Gobierno estudia la situación laboral de Daniel Ponce, quien, como reveló el PP hace varias semanas, sigue en la empresa y sólo ha sido apartado provisionalmente.
