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El PP emplea la misma receta que el PSOE para agilizar las licencias

Prevé generalizar más la declaración responsable y primar la inspección tras el permiso provisional

el 10 oct 2011 / 11:35 h.

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El Gobierno municipal quiere llevar al Pleno de noviembre la aprobación inicial de la nueva ordenanza para agilizar las licencias de actividades económicas, empresariales, industriales y mercantiles para que entre en vigor a principios de 2012. El objetivo es que las licencias se otorguen en menos de tres meses, como marca la ley, frente a los ocho meses de media de ahora, y que se acabe "con ese tapón" para la generación de empleo. Sin embargo, la fórmula elegida por el PP para lograrlo es la misma que puso en marcha el PSOE al final del anterior mandato: incrementar la responsabilidad de los técnicos que firmen los proyectos.


Serán ellos, y no los funcionarios municipales, quienes deban responder por si su proyecto se ajusta o no a la normativa y, si no lo es, se aplicarán sanciones. Se generalizará la concesión de licencias provisionales a través de la declaración responsable y se primará la inspección a posteriori. ¿Y en qué se diferencia de la nueva ordenanza de la aprobada en julio del pasado año? En que "la declaración responsable será la regla general, mientras que antes era la excepción", explicó el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez (PP).


Sin embargo, desde agosto de 2010 el 70% de las licencias solicitadas se presentan ya vía declaración responsable o son un simple cambio de titularidad. Sólo requiere una tramitación más larga bares, talleres, gimnasios, salas de fiesta, guarderías, hospitales o colegios, establecimientos "sensibles para la salubridad, la seguridad y el descanso de los vecinos". Por eso el PSOE denunció ayer que, aunque aplauda cualquier ordenanza que sirva para agilizar el inicio de la actividad empresarial, "no vale todo" y tiene que haber unos "límites claros" para ciertos tipos de establecimientos. La anterior delegada de Medio Ambiente, Encarnación Martínez, -que adaptó la norma a la Ley Omnibus- apuntó que cerca del 90% de las quejas registradas son por problemas vecinales con bares y discotecas, de ahí que el control previo a su apertura sea "fundamental".


Vílchez, por su parte, subrayó que hay 3.214 expedientes pendientes - "un impedimento para la creación de empleo" y motivo para la "huida" de inversores-, que en un futuro unificará la concesión de las licencias de obras y las de actividad, algo que también anunciaron los socialistas, y que consensuará la nueva norma, que debe pasar un periodo de alegaciones. Eso sí, Vílchez no concretó cuánto subirán las sanciones ni cuánto incrementará la plantilla de inspectores, así como tampoco se comprometió a conceder licencias en quince días, "como en Madrid". Tampoco concretó por qué había una licencia atascada desde hace siete años y si ese proyecto seguirá o no adelante.

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