El informe de la Guardia Civil que apunta a un fraude sistemático de fondos públicos, mejorado año tras año, y convertido en la vía fundamental de financiación de UGT-A ha rearmado con fuerza al principal partido de la oposición (PP), que esta mañana ha exigido al Gobierno andaluz que se persone en la causa abierta como acusación particular contra el sindicato. La investigación sobre la supuesta financiación irregular y el uso indebido de subvenciones por parte de la UGT-A se ha saldado, hasta el momento, con 16 detenciones, entre ellas el que fuera tesorero de la organización durante los últimos diez años, Federico Fresneda. El portavoz del PP-A en el Parlamento, Carlos Rojas, ha asegurado que la Junta debe personarse en la causa de forma inmediata. Si no, añade, pensaremos que al PSOE y a Susana Díaz le interesa personalmente no personarse. Los populares han denunciado el robo a gran escala de fondos públicos en los últimos diez años y han pedido, reiteradamente, que la presidenta dé la cara y exija responsabilidades políticas por este fraude. El PP, que ya ha preguntado por el escándalo de las facturas falsas de UGT hasta cinco veces en el Parlamento sin obtener respuesta, ha vuelto a reclamar una auditoría de arriba debajo de todos los fondos públicos que la Junta ha otorgado al sindicato en los últimos diez años. Susana Díaz vive atrapada por el pasado. Su firma está en uno de los convenios de UGT para financiar casas del pueblo y sedes del PSOE. Su firma está junto a la de Fresneda, hoy detenido, ha recalcado Rojas. Los populares reprochan a la Junta que no revise los expedientes de UGT, como en el caso ERE y critica el desfalco de fondos públicos otra vez con el PSOE como protagonista, y pregunta si hubo connivencia con el sindicato y en qué casos. Rojas recordó que el Gobierno andaluz sólo ha puesto en duda 60 expedientes de subvenciones del sindicato, una cifra ridícula para la magnitud del fraude que se ha destapado, advierte. Por su parte, el socio de Gobierno de los socialistas (IU) no se ha movido ni un milímetro de su posición inicial respecto a este asunto. Ni las detenciones de ayer u hoy ni el rotundo informe de la Guardia Civil sobre el procedimiento para defraudar que usaba el sindicato han empujado a la federación de izquierdas a pedir o admitir una comisión de investigación sobre las facturas falsas en el Parlamento (siguen diciendo que el PP lo usará como arma política y que podría cerrarse en falso, como ocurrió con la comisión de los ERE). La diputada de IU Alba Doblas tampoco considera que la Junta deba personarse como acusación particular, como sí lo está en el caso ERE. El que la Junta se persone o no no sé si ayudará al esclarecimiento de la causa, ha dicho. Doblas ha recordado que su grupo ha pedido la renovación del reglamento de la Cámara, lo cual incluye regular las comisiones de investigación en el futuro, pero ha descartado precipitar un proceso a raíz del caso de UGT. Por último, el portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez, ha pedido cautela con una operación que todavía está en marcha. Hay que esperar y ver el alcance de la investigación, advierte Jiménez.
